Héctor Estrada
Entre sentencias dudosas y un crimen impune
Mientras en El Amate dictaban sentencia condenatoria contra el catequista Pedro Cortés y el indígena evangélico Diego Mendoza, acusados de la desaparición de 21 personas en Panltehó, Chiapas, el pasado mes de febrero se cumplieron cuatro meses del asesinato del padre Marcelo Pérez, sin que hasta el momento se conozca el nombre de su asesino intelectual.
Tanto el padre Marcelo como Pedro y Diego fueron acusados por la desaparición de 21 personas durante la toma violenta de Pantelhó a manos de las autodefensas del “El Machete” en 2021. La orden de aprehensión contra los tres fue girada en 2022 por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la detención del sacerdote nunca se llevó a cabo por presiones de organismos defensores de Derechos Humanos.
Desde antes del 2021 los tres habían participado como interlocutores para denunciar los abusos y crímenes cometidos por el grupo de “Los Herrera”, que gobernaba ese municipio de Chiapas. Mediante la posición del padre Marcelo, acudieron a instancias del Gobierno para buscar la intervención de las fuerzas de seguridad a fin de detener las agresiones que hasta ese momento ya contabilizaban 200 asesinatos… Pero nunca tuvieron respuesta.
El asunto terminó por reventar tras los asesinatos de Pedro Sántiz y el activista indígena Simón Pedro, desencadenando la irrupción violenta del grupo de autodefensas “El Machete”, quien tomó el control de la cabecera municipal. La presencia subsecuente de las autoridades estatales fui inútil, aseguraron en ese entonces los pobladores.
Y es que, parte de las primeras exigencias de “El Machete” fue la detención de los principales líderes políticos del “Los Herrera”, acusados de ser los sicarios del depuesto Gobierno municipal. No obstante, la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue la negativa, dando paso a la posibilidad de hacer justicia por “usos y costumbres”, desencadenando así una cacería abierta contra quienes eran acusados de abusos pasados.
De julio a agosto ya se contabilizaban más 21 desaparecidos por las redadas de “El Machete”, 19 reconocidos oficialmente por la FGE. Fue casi un mes después cuando el Congreso de Chiapas aprobó la designación de las nuevas autoridades municipales, bajo la figura de un Concejo local. Pedro Cortés fue invitado a participar como concejal presidente y Diego Mendoza como uno de los concejales.
Por su parte, el sacerdote Marcelo Pérez, entonces párroco de Simojovel, formaba parte de Comisión de Reconciliación que la Diócesis de San Cristóbal había nombrado a petición de la población de Pantelhó. Había sostenido al menos tres reuniones en la cabecera municipal con autoridades militares, del Congreso y Poder Ejecutivo federal y estatal, y de la Fiscalía de Chiapas, en ese momento representada por el Fiscal Indígena, Gregorio Pérez Gómez, quien luego fue asesinado el 11 de agosto de ese año.
La denuncia penal de los familiares por la desaparición de las 21 personas, acusadas de ser presuntos sicarios de “Los Herrera”, llegó solo unas semanas después. La carpeta de investigación 0323-078-1001-2021, compuesta por el testimonio de solo cinco familiares, acusaba de manera directa al padre Marcelo, Pedro y Diego de haber llegado a la casa de los ahora desaparecidos, detenerlos, llevarlos al quiosco y luego desaparecerlos.
Un año después de la desaparición, el 21 de julio de 2022, Pedro Cortés y Diego Mendoza fueron finalmente detenidos. También se giró una orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez. Sin embargo, esta no fue ejecutada, a pesar de que él mismo se presentó a la Fiscalía, de manera voluntaria, a declarar.
Según la investigación de la periodista Ángeles Mariscal, la jueza Guadalupe Rocha Flores, quien quedó a cargo del proceso contra los acusados, difirió en 14 ocasiones la audiencia inicial, con diferentes argumentos, uno de ellos asegurando que se encontraba enferma; hasta que esta se llevó a cabo en agosto de 2024, más de dos años después de la detención y dos meses antes del asesinato del padre Marcelo.
“Para enfrentar el proceso, con el acompañamiento de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos, Pedro y Diego nombraron a dos abogados como sus representantes. En la primera audiencia, la jueza interpeló continuamente los alegatos de defensa, interrumpiéndolos; paró el proceso cuando el abogado Kin Alberto González presentaba las pruebas a favor de los detenidos. La jueza argumentó que el abogado no estaba calificado, y determinó que la ley le facultaba para destituirlo de su nombramiento como defensor y designar en su lugar un abogado de oficio, pero en audiencias posteriores nombró a otro”, detalla Mariscal.
Entre las pruebas se demostró que ninguno de los tres imputados se encontraban en Pantelhó durante los hechos referidos. Según evidencias, el padre Marcelo se encontraba en Simojovel en un evento público, Diego en su comunidad a 60 kilómetros de la cabecera municipal y Pedro en una consulta médica, también en Simojovel. Sin embargo, las pruebas fueron desestimadas.
Al final, la sentencia fue postergada por casi seis meses y el padre Marcelo asesinado en octubre del año pasado, dos meses después de la primera audiencia. El sacerdote ya había denunciado amenazas constantes en su contra y contaba con medidas cautelares. Pero nada se hizo para darle mayor protección. Al párroco lo asesinaron a quemarropa, en la calle y a plena luz del día tras salir de la homilía.
Su caso parece haberse detenido de manera conveniente con la simple detención del autor material, mientras Diego y Pedro esperaban una sentencia que finalmente se hizo efectivo la semana pasada, determinándolos culpables de las 19 (de 21) desapariciones forzadas dentro de un caso que hasta ahora sigue teniendo más muertos que respuestas… así las cosas.
