La repatriación de los cuerpos puede durar entre 24 horas a una semana, dependiendo del estado en el que se encuentren los restos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En los últimos días, siete chiapanecos que fueron identificados en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Culiacán, Sinaloa, permanecieron sin ser reclamados. A pesar de haber sido identificados por huellas dactilares, los cuerpos se iban a destinar a la fosa común si no se encontraban los familiares. Este hecho evidenció las dificultades que enfrentan las autoridades para contactar a las familias, y la necesidad de mejorar los mecanismos de localización de personas en situaciones de violencia y desaparición.
La intervención de la Fiscalía General de Chiapas ha sido crucial para conectar con las familias de los fallecidos. A través de una estrecha coordinación con las autoridades de Sinaloa, lograron obtener más información sobre los orígenes de los fallecidos. A partir de esos datos, los familiares están siendo contactados para que viajen a Culiacán a identificar los cuerpos.
De los siete cuerpos, tres pertenecen a municipios de Ocosingo, uno a Teopisca, y dos más, a Oaxaca, pero con raíces en Chiapas. La violencia armada parece haber sido la causa de muerte para varios de los fallecidos, lo que intensifica la urgencia de esclarecer estos hechos, en especial si la ejecución con arma de fuego es la principal hipótesis.
La repatriación de los cuerpos puede durar entre 24 horas a una semana, dependiendo del estado en el que se encuentren los restos. Si bien la identificación es rápida en algunos casos, los cuerpos en mal estado requieren más tiempo. Esto resalta la importancia de un sistema eficiente de respuesta ante la violencia armada y la desaparición de personas en el país, un fenómeno que afecta a numerosas familias y comunidades.
Además de la identificación de los cuerpos, este caso pone en evidencia una problemática más amplia: la violencia generalizada que afecta a Chiapas y otras entidades. Más de 60 cuerpos sin identificar permanecen en los SEMEFO de la región, la mayoría de ellos víctimas de violencia armada. La Fiscalía General trabaja con otros estados para crear una red de apoyo que facilite la identificación y repatriación de cuerpos, y garantizar que las familias no se queden sin respuesta.
