El presidente municipal ha sido relacionado con malas prácticas financieras durante su gestión en la capital chiapaneca
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La administración de Ángel Carlos Torres Culebro en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha quedado marcada por la opacidad y los negocios turbios que benefician a un selecto grupo de empresarios y políticos afines. Las recientes denuncias de la regidora Areli Guadalupe Latournerie Castellanos han sacado a la luz lo que muchos sospechaban: un esquema de corrupción sistemática que involucra facturación inflada, empresas fantasmas y sobreprecios descarados en adquisiciones municipales.
Latournerie, respaldada por el regidor Francisco Antonio Rojas Toledo, ha documentado irregularidades que superan un millón 200 mil pesos en compras realizadas durante diciembre de 2024. Empresas como Exacto Productos Innovadores y Servicios Integrales e Ikal Promotora de Servicios Integrales para la Construcción han cobrado al ayuntamiento de Tuxtla sumas exorbitantes por bienes y servicios con precios inflados, una práctica que ya es un sello de la administración de Torres Culebro.
Uno de los casos más escandalosos es el de Ikal Promotora, empresa con domicilio en León, Guanajuato, la cual ha facturado productos con sobreprecios que van desde los nueve mil hasta los 73 mil pesos. La presencia de compañías con giros distintos a los contratados y la reiteración de sobreprecios en cada adquisición sugieren que la red de corrupción está bien estructurada. Más que errores administrativos, parecen ser operaciones premeditadas para desviar recursos.
El problema no es nuevo. El historial de Torres Culebro está plagado de irregularidades financieras. Al fungir como secretario de Obras Públicas de Chiapas, se le acusó del presunto desvío de al menos 58 millones de pesos a través de empresas fantasma. Su complicidad con el ex secretario de Salud, Pepe Cruz, demostró que la estrategia de negocios no es circunstancial, sino una práctica constante que ahora se replica desde la alcaldía de Tuxtla.
Pero el negocio más jugoso se encuentra en la renovación del contrato con la empresa Servicios Médicos Institucionales S.A. de C.V., mejor conocida como SALUTI, encargada de brindar atención médica a los trabajadores municipales. La cifra en juego es descomunal: entre ocho y nueve millones de pesos mensuales, lo que en 2025 se traduciría en un contrato de hasta 100 millones de pesos anuales.
A diferencia de otros servicios públicos donde la transparencia es una exigencia, en este caso no habrá licitación ni competencia. SALUTI opera bajo un monopolio que ha sido protegido por varias administraciones, pero la de Ángel Torres parece decidida a elevar aún más las ganancias a costa de los trabajadores municipales y el erario público.
La salud de los chiapanecos se ha convertido en un negocio millonario para unos cuantos. Mientras hospitales como el IMSS-Bienestar se debaten en la escasez de medicamentos, equipo e insumos básicos, el ayuntamiento de Tuxtla se prepara para firmar un contrato millonario sin rendir cuentas. La corrupción en el sector salud no es nueva, pero bajo la administración de Torres Culebro ha encontrado un nuevo nivel de descaro.
No es casualidad que el alcalde de Tuxtla pertenezca al llamado Grupo Tabasco, una red política con intereses que trascienden Chiapas y que ha estado vinculada a múltiples escándalos de desvío de recursos. Su relación con la fallecida Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, lo coloca en una estructura de poder que no solo busca influir en la política local, sino enriquecerse con dinero público.
Los chiapanecos merecen respuestas. No basta con que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso revisen estos contratos. Se necesita una intervención inmediata para frenar el saqueo de los recursos públicos antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Ángel Torres Culebro operará como lo ha hecho siempre: haciendo uso del dinero de los ciudadanos para su propio beneficio.
