En Chiapas el fenómeno ha crecido de manera silenciosa, sin la visibilidad ni la respuesta institucional que amerita
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha lanzado su más reciente informe titulado “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”, una radiografía cruda y alarmante sobre la situación del estado, marcada por el aumento de la violencia, la inacción gubernamental y la resistencia de las comunidades que buscan sobrevivir en un contexto de guerra no declarada.
El documento, desarrollado en ocho capítulos, desglosa las distintas aristas del conflicto en Chiapas, exponiendo con datos documentales y testimonios directos las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en la entidad. La crisis humanitaria, el desplazamiento forzado, la desaparición de personas y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades forman parte del análisis que el Frayba pone sobre la mesa, desafiando el discurso oficial que ha minimizado o negado la magnitud del problema.
El informe arranca con una crítica severa a la administración del exgobernador Rutilio Escandón (2018-2024), a quien responsabiliza de haber llevado a Chiapas a un estado de ingobernabilidad al permitir el avance del crimen organizado y el incremento de la violencia. Según el documento, la estrategia del Gobierno anterior se basó en un “negacionismo absurdo” y en discursos vacíos que contrastaban con la realidad de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados que se multiplicaban en el territorio.
El nuevo Gobierno, aunque en sus primeros meses ha reconocido la crisis en Chiapas, sigue apostando por una “parafernalia del poder” que se traduce en operativos mediáticos sin un impacto real en la seguridad de la población. En este contexto, el informe busca documentar los hechos con rigor, dejando constancia de este período atroz para que no quede en el olvido.
DESPLAZAMIENTO FORZADO: LA CRISIS HUMANITARIA SILENCIADA
Uno de los capítulos más impactantes del informe es el titulado “Una mirada desde Chiapas a la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado”, donde se expone el drama de miles de familias que han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia. De acuerdo con los datos recabados por el Frayba, el despojo territorial contra los pueblos indígenas y campesinos ha sido una estrategia recurrente en la expansión del crimen organizado y en la disputa por el control de rutas estratégicas.
Las comunidades tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales han sido particularmente afectadas, viéndose obligadas a desplazarse en condiciones precarias, sin garantías de retorno seguro ni apoyo del Estado. En algunos municipios, como Chenalhó, Pantelhó, Ocosingo y Frontera Comalapa, los enfrentamientos entre grupos armados han dejado pueblos fantasmas, con casas abandonadas y cultivos destruidos.
El informe denuncia que, lejos de atender la crisis, las autoridades han adoptado una postura pasiva, permitiendo que el desplazamiento forzado se normalice como parte del paisaje de violencia en Chiapas.
PERSONAS DESAPARECIDAS: UNA HERIDA ABIERTA
Otro de los capítulos clave del informe se centra en las “Personas desaparecidas en Chiapas”, una problemática que ha adquirido dimensiones alarmantes en los últimos años. Si bien la crisis de desapariciones en México ha sido ampliamente documentada a nivel nacional, en Chiapas el fenómeno ha crecido de manera silenciosa, sin la visibilidad ni la respuesta institucional que amerita.
De acuerdo con las cifras recopiladas por el Frayba, la desaparición de personas en el estado está vinculada a múltiples factores, desde la violencia criminal y la trata de personas hasta la represión política contra activistas y defensores de derechos humanos. Los testimonios incluidos en el informe narran historias desgarradoras de familias que han emprendido su propia búsqueda ante la indiferencia de las autoridades.
Los municipios de la región fronteriza con Guatemala, así como aquellos controlados por grupos criminales, han registrado un aumento en los casos de desaparición, muchas veces con la complicidad de actores estatales. El informe subraya que la falta de investigaciones efectivas y la impunidad generalizada han convertido la desaparición en un fenómeno estructural en Chiapas.
A pesar del panorama devastador que describe el informe, el Frayba también destaca la resistencia de comunidades y organizaciones que han decidido luchar por su derecho a la vida y al territorio. Los pueblos indígenas han articulado procesos de autodefensa, autogobierno y solidaridad para hacer frente a la crisis, a pesar de los constantes riesgos y amenazas.
En varias regiones, las comunidades han creado sistemas de alerta temprana, redes de apoyo y denuncias documentadas para visibilizar las agresiones que sufren. La lucha por la justicia, la memoria y la verdad sigue siendo el motor de muchos colectivos que exigen que los crímenes cometidos en Chiapas no queden impunes.
ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
La defensa de la vida y la dignidad se ha convertido en un acto de alto riesgo en Chiapas. El tercer capítulo, Agresiones a personas defensoras, señala que activistas, periodistas y defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, persecución e incluso asesinatos.
El informe del Frayba advierte que el Estado no solo ha sido incapaz de proteger a quienes defienden los derechos fundamentales, sino que en ocasiones ha contribuido a su criminalización y represión. En este contexto, el miedo y la violencia buscan silenciar a quienes denuncian las injusticias y exigen el respeto a los derechos de los pueblos.
MILITARIZACIÓN Y EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS
El capítulo Los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional analiza el impacto de la militarización en Chiapas, donde la presencia del Ejército y la Guardia Nacional no ha significado una disminución de la violencia, sino, en muchos casos, un agravamiento del conflicto.
El Frayba advierte que la estrategia de seguridad basada en el despliegue militar ha generado más violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura. Además, la militarización ha sido utilizada para contener movimientos sociales y desalojar comunidades en disputa por el territorio.
La violencia no solo se expresa en los enfrentamientos armados, sino también en la esfera política. En el quinto capítulo, La intención progresiva de la violencia política en Chiapas, el Frayba señala que las instituciones del Estado han sido incapaces de frenar el uso de la violencia como herramienta de control político.
Las elecciones recientes en la región han estado marcadas por amenazas, agresiones y asesinatos de actores políticos, lo que evidencia la fragilidad del sistema democrático en la entidad. El informe destaca que los grupos de poder han utilizado la violencia para garantizar sus intereses, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
El informe también profundiza en el papel del crimen organizado en Chiapas. En el capítulo Violencia criminal e impactos a la población, se documenta cómo los grupos delictivos han expandido su control sobre el territorio, disputándose plazas estratégicas y ejerciendo un dominio que va más allá del narcotráfico.
Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades, involucrándose en el tráfico de personas, la extorsión y el control de recursos naturales. La población civil se encuentra en medio de esta lucha por el poder, enfrentando amenazas, desplazamiento y violencia extrema.
En el séptimo capítulo, La guerra contra los pueblos, el Frayba analiza cómo la violencia estructural responde a un modelo económico basado en la explotación y el despojo. Las comunidades indígenas y campesinas han sido blanco de ataques constantes, puesto que representan un obstáculo para los intereses de grandes empresas y proyectos extractivistas.
A pesar de la violencia sistemática, el informe concluye con un mensaje de esperanza. En el capítulo final, En los ríos subterráneos, los senderos de la libertad siempre se encuentran, el Frayba destaca la importancia de la resistencia comunitaria y la solidaridad como herramientas fundamentales para la construcción de la paz.
El Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la sociedad a involucrarse en la defensa de los derechos fundamentales, a crear redes de apoyo y a exigir justicia para las víctimas de la violencia. Insisten en que solo a través del trabajo colectivo y la presión social se podrá frenar la crisis humanitaria que enfrenta Chiapas.
El informe del Frayba no solo expone la profundidad de la crisis en la entidad, sino que responsabiliza al Estado mexicano por su incapacidad para atender las violaciones a los derechos humanos. La organización reitera que la violencia, el desplazamiento forzado, la desaparición de personas y la represión política son síntomas de un problema estructural que requiere soluciones de fondo.
Mientras las autoridades continúen ignorando la gravedad de la situación, miles de personas seguirán viviendo en el horror de una guerra no declarada, en la que el único objetivo parece ser el control del territorio y el sometimiento de los pueblos.
El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que no se ignore lo que ocurre en Chiapas. La espiral de violencia en la entidad no solo es una crisis local, sino una muestra de los efectos devastadores de la impunidad y la negligencia estatal en México.
El Frayba deja claro que, más allá del discurso oficial, la realidad en Chiapas es la de una población atrapada entre la violencia armada y la omisión gubernamental. Sin embargo, también es la realidad de una resistencia que, con dignidad, sigue apostando por la vida.
