Líderes partidistas migran entre fuerzas sin mayor compromiso ideológico o programático
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El panorama político en Chiapas enfrenta una reconfiguración profunda luego de que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) resolviera confirmar el acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), mediante el cual se decretó la conclusión de los Procesos Electorales Ordinario y Extraordinario de 2024. Este fallo, lejos de ser una simple formalidad administrativa, representa un golpe fatal para varios partidos políticos locales que no lograron cruzar el umbral mínimo del tres por ciento de la votación válida emitida, requisito esencial para conservar su registro como fuerzas políticas en la entidad.
En una decisión que refleja la descomposición institucional de los partidos políticos que se desvanecen en la insignificancia electoral, pero también exhibe la complacencia burocrática con la que se lavan responsabilidades en materia de fiscalización, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) confirmó en sesión pública celebrada este 7 de abril de 2025, el acuerdo IEPC/CG-A/023/2025 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el pasado 14 de febrero.
Dicho acuerdo ordena la emisión de previsiones para salvaguardar los recursos del extinto partido Fuerza por México Chiapas, una fuerza política efímera que, como otras tantas siglas sin estructura ni ideología real, sirvió como vehículo electoral transitorio y ahora enfrenta un proceso de extinción marcado por irregularidades fiscales, pasivos laborales y opacidad en el uso de recursos públicos.
FUERZA POR MÉXICO: DEL OLVIDO CIUDADANO AL LIMBO FINANCIERO
El TEECH desestimó los agravios presentados en el recurso de apelación TEECH/RAP/008/2025, en el que los representantes del partido en proceso de desaparición pretendían deslindarse de las obligaciones fiscales acumuladas durante su corta existencia. Alegaban, entre otras cosas, que, al ya no contar con personalidad jurídica, el IEPC no podía continuar exigiéndoles el cumplimiento de obligaciones como el pago del impuesto retenido a sus trabajadores.
Pero el Tribunal fue contundente: el artículo aplicable de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas establece que un partido pierde su registro si no alcanza al menos el tres por ciento de la votación estatal válida, y con ello pierde también el derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo General del IEPC. Sin embargo, eso no significa —como malinterpretaron sus dirigentes— que las obligaciones fiscales desaparezcan. La rendición de cuentas debe continuar hasta el cierre definitivo del proceso de liquidación patrimonial, remarcó el órgano jurisdiccional.
Pese a la contundencia legal del fallo, lo que se desprende de esta resolución es un patrón cíclico de impunidad. Una y otra vez, partidos políticos que no logran conectar con el electorado terminan por desaparecer en lo formal, pero dejan tras de sí una estela de desfalcos menores y cuentas pendientes que rara vez son perseguidas con firmeza por las autoridades fiscales o judiciales. Fuerza por México Chiapas no es la excepción, sino la norma.
ENCUENTRO SOLIDARIO Y PODEMOS MOVER A CHIAPAS: TAMBIÉN FUERA DEL JUEGO
En la misma sesión, el TEECH abordó los recursos de apelación TEECH/RAP/135/2024 y TEECH/RAP/136/2024, promovidos por Patricia del Carmen Carvajal Ramos, representante del extinto Encuentro Solidario Chiapas, y Justo Tomás Hernández Herrera, presidente del moribundo partido Podemos Mover a Chiapas. Ambos impugnaron el acuerdo IEPC/CG-A/285/2024, aprobado el 11 de octubre de 2024, que determinó la cancelación de su registro como partidos políticos.
Estos dos institutos políticos, como Fuerza por México, tampoco lograron el mínimo de votación requerido y fueron arrastrados al mismo destino: el archivo muerto del sistema electoral chiapaneco. A pesar de sus impugnaciones, el Tribunal ratificó la decisión del IEPC, desechando sus argumentos como infundados.
Lo verdaderamente preocupante no es la cancelación de estos registros —necesaria para depurar un sistema saturado de franquicias partidistas que simulan competencia electoral—, sino la falta de un mecanismo eficaz de revisión de los recursos que recibieron. Dinero público fue canalizado a estas estructuras, muchas veces sin control, y ahora se esfuma sin claridad sobre su destino.
LA FISCALIZACIÓN, ASIGNATURA REPROBADA
Uno de los aspectos más graves que se desprenden de esta cadena de resoluciones es la deficiente fiscalización electoral en Chiapas. Mientras los partidos se disuelven tras elecciones fallidas, los procedimientos para recuperar recursos mal usados, sancionar a responsables o investigar posibles desvíos, se diluyen en la maraña administrativa del IEPC y en el discurso técnico del TEECH.
La retención indebida de impuestos a trabajadores de Fuerza por México Chiapas es apenas la punta del iceberg. ¿Cuántos otros pasivos laborales y fiscales han quedado sin atender? ¿Qué seguimiento ha dado el IEPC a los bienes muebles e inmuebles de estos partidos extintos? ¿Cuántas observaciones emitidas por la Unidad de Fiscalización del INE han sido verdaderamente atendidas?
En este escenario, el silencio institucional es ensordecedor. Ni el IEPC ni el TEECH han presentado públicamente informes detallados sobre el estado de liquidación de estos partidos. No se conocen auditorías independientes ni sanciones ejemplares. Todo queda en la opacidad, alimentando la percepción de que los partidos pequeños en Chiapas no son más que negocios electorales de corto plazo, con poca rendición de cuentas.
Fuerza por México Chiapas, Encuentro Solidario Chiapas y Podemos Mover a Chiapas son apenas los últimos nombres en una larga lista de partidos que emergen con cada proceso electoral y se desvanecen tras la jornada de votación. En lugar de representar ideologías o agendas ciudadanas, han funcionado como plataformas de negociación política, dirigidas por élites locales que se reciclan elección tras elección.
Este patrón no solo erosiona la credibilidad de las instituciones democráticas, sino que pervierte el sentido del financiamiento público a los partidos. En un estado con altos índices de pobreza, marginación y violencia política como Chiapas, el despilfarro de recursos en partidos fantasmas es una afrenta directa a la ciudadanía.
El Acuerdo General IEPC/CGA/282/2024 se convirtió en la lápida de proyectos partidistas que, pese a años de existencia o ambiciones recientes, fueron incapaces de persuadir al electorado chiapaneco. Según el análisis del IEPC —avalado por el TEECH—, dicho porcentaje mínimo no fue alcanzado por múltiples actores políticos, situación que automáticamente los coloca fuera del sistema electoral formal. El fallo del Tribunal electoral local no solo respalda la decisión del IEPC, sino que, en un tono institucional, legitima el desmoronamiento de estructuras que alguna vez aspiraron a incidir en la vida pública del estado.
De acuerdo con el IEPC, la pérdida de registro para estos partidos locales se deriva de un análisis exhaustivo del escrutinio de los resultados electorales, en donde se estableció que no alcanzaron el tres por ciento mínimo establecido por la ley para mantener su calidad de partidos con prerrogativas y representación. Este criterio está contemplado tanto en la legislación electoral federal como en la estatal, y tiene como propósito evitar la dispersión excesiva del voto y garantizar que los institutos políticos reflejen una base ciudadana representativa.
Sin embargo, más allá de lo legalmente incuestionable, la resolución abre el debate sobre el acceso, la competencia y la calidad de la democracia en Chiapas. ¿Cuántos de estos partidos fueron realmente opciones viables? ¿Cuántos fueron meros instrumentos de coyuntura electoral, inflados por negociaciones oscuras o creados con fines clientelares?
Durante esta misma sesión, cargada de simbolismo y relevancia política, la magistrada presidenta del TEECH, Magali Arellano Córdova, dio a conocer nuevas designaciones dentro del órgano jurisdiccional. En una acción poco usual, pero respaldada por el Pleno del Tribunal, se anunció la habilitación del secretario general de Acuerdos, Hildeberto González Pérez, como magistrado por Ministerio de Ley, y de María Trinidad López Toalá —hasta entonces coordinadora de Ponencia y secretaria de Estudio y Cuenta— como secretaria general por Ministerio de Ley.
Estos nombramientos se dan mediante el Acuerdo de Pleno 2/2025, en un contexto de tensión institucional y cambios internos dentro del TEECH, lo que ha despertado críticas entre sectores académicos y de la sociedad civil que señalan la opacidad y la discrecionalidad con la que, en ocasiones, se toman decisiones en las altas esferas del poder electoral en el estado.
¿Es esta habilitación una medida de urgencia ante vacíos legales o institucionales? ¿O se trata de una maniobra que, aunque amparada legalmente, podría debilitar la confianza en la imparcialidad de un tribunal cuya función esencial es garantizar la justicia electoral?
El desvanecimiento de estos partidos locales no es un fenómeno aislado. Refleja, en muchos sentidos, la fragilidad de las instituciones partidarias en Chiapas y, por extensión, de la participación democrática. Buena parte de estos partidos fallidos no lograron articular propuestas claras, construir estructuras ciudadanas sólidas ni establecer vínculos duraderos con las comunidades a las que pretendían representar.
En muchos casos, su presencia en la boleta electoral respondió más a estrategias de alianza para garantizar cuotas de poder, regidurías o diputaciones de representación proporcional, que a verdaderos ejercicios de inclusión política. Así, el resultado del 2024 no solo depura el padrón de partidos, sino que también expone la cruda realidad de un sistema donde la oferta electoral a menudo se llena de figuras decorativas o francamente inoperantes.
¿RECONFIGURACIÓN O RECICLAJE POLÍTICO?
Los partidos que hoy pierden su registro dejarán vacíos que, presumiblemente, serán ocupados por nuevas organizaciones con intenciones similares. Ya se perciben movimientos de actores políticos que, ante la extinción de sus siglas, comienzan a reacomodarse en otras trincheras, como si de un juego de sillas musicales se tratara.
Este fenómeno de “reciclaje político” ha sido constante en Chiapas, donde líderes partidistas migran entre fuerzas políticas sin mayor compromiso ideológico o programático. En consecuencia, la pérdida de registro no siempre representa una derrota electoral en términos reales, sino una transición hacia nuevas plataformas desde donde continuar el acceso a los recursos públicos y las cuotas de poder.
Aunque el IEPC ha actuado con base en la ley al concluir estos procesos electorales y certificar la pérdida de registro de los partidos, no está exento de críticas. Diversos sectores cuestionan la efectividad del órgano electoral para supervisar la creación y funcionamiento de los partidos locales. Muchos consideran que el IEPC ha sido permisivo con organizaciones improvisadas, sin arraigo ciudadano, y que ha fallado en fomentar una cultura democrática más participativa y representativa.
En este contexto, el propio órgano electoral debe replantearse sus políticas de fiscalización, acreditación y evaluación de partidos, para evitar convertirse en cómplice pasivo de estructuras políticas que solo sirven para simular competencia electoral.
La conclusión de los Procesos Electorales Ordinario y Extraordinario de 2024 en Chiapas debería marcar un punto de inflexión para el electorado. La depuración del sistema de partidos no puede ser vista únicamente como un resultado numérico, sino como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer una ciudadanía crítica, informada y activa.
La democracia chiapaneca no se construirá sobre los escombros de partidos fallidos, sino sobre la consolidación de organizaciones políticas que realmente representen las aspiraciones colectivas, las luchas comunitarias y los derechos de quienes históricamente han sido marginados.
Mientras tanto, el IEPC y el TEECH tendrán que hacer mucho más que validar legalidades si quieren recuperar la confianza ciudadana. La limpieza de partidos es solo el principio: lo urgente es limpiar la política.
El fallo del TEECH, aunque legalmente sustentado, deja un sabor amargo. Confirma la pérdida del registro de partidos que no lograron respaldo ciudadano, pero no corrige las fallas estructurales que permiten que esos partidos existan y desaparezcan sin rendir cuentas. La justicia electoral en Chiapas se queda en la superficie, castigando los efectos sin tocar las causas.
Mientras no se fortalezcan los mecanismos de fiscalización, auditoría y sanción; mientras no se reforme el sistema de registro y financiamiento de partidos para garantizar que quienes acceden a recursos públicos lo hagan con responsabilidad, seguiremos viendo cómo se repite este ciclo perverso de simulación democrática.
Y en medio del colapso institucional, los únicos verdaderamente afectados son los ciudadanos, a quienes se les arrebata la posibilidad de elegir entre opciones reales, mientras los restos de los partidos caídos se disuelven en la impunidad.
