La Profepa clausuró de manera temporal la extractora, tras acusársele de verter aguas residuales sin tratamiento adecuado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La industria del aceite de palma en Chiapas quedó en la mira tras la clausura temporal de una planta extractora en Mapastepec. La medida, tomada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), responde a irregularidades graves en el manejo de aguas residuales industriales. La empresa, identificada como SEOPALMA, S.A. de C.V., fue señalada por verter sus desechos sin tratamiento, lo que viola la normatividad ambiental vigente.
La clausura no es solo un acto administrativo, sino un mensaje de advertencia. La falta de documentos que acrediten el tratamiento adecuado de aguas, sumada al vertido directo al suelo, representa una amenaza tanto para los ecosistemas como para la salud pública. En una región donde la palma ha crecido sin una regulación efectiva, el caso muestra una omisión estructural en la vigilancia ambiental.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso SEOPALMA ilustra cómo el crecimiento industrial en la costa de Chiapas ha ignorado exigencias básicas de sustentabilidad. La descarga de residuos sin control contamina suelos, cuerpos de agua y pone en riesgo cultivos y poblaciones que dependen de ellos. La falta de concesión legal agrava aún más el escenario.
La Profepa impuso ocho medidas urgentes que van desde la entrega de permisos y monitoreos hasta la presentación de la Cédula de Operación Anual. El objetivo no es solo sancionar, sino obligar a la empresa a asumir su responsabilidad ambiental. La planta deberá justificar su operación desde enero de 2024, algo que hasta ahora no ha podido hacer.
En Mapastepec, donde la producción de palma ha traído consigo tanto empleo como impactos, la clausura abre una discusión pendiente sobre cuánto está dispuesto a tolerar el Estado a cambio de crecimiento económico. La intervención de Profepa es un primer paso, pero el desafío será convertir este caso en una nueva regla, no en una excepción.
