Con cámaras de vigilancia y esfuerzo conjunto, la Fiscalía combate el trasiego de migrantes en la región
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La ruta entre Suchiate y Tapachula dejó de ser invisible. Durante años, este corredor fue el camino clandestino más transitado por migrantes en la frontera sur. También fue aprovechado por redes criminales que operaban a plena luz del día, quienes cobraban cuotas, extorsionaba o desaparecían personas. Hoy, la Fiscalía de Migrantes logró desarticular ocho bandas en esa zona.
En total, más de 200 personas fueron rescatadas en condiciones de riesgo extremo. Muchos intentaban cruzar sin documentos, atrapados entre la necesidad y la amenaza constante. La intervención no fue menor: cámaras de vigilancia conectadas al C5 de Tapachula, presencia policial y monitoreo en tiempo real ahora acompañan el trayecto. Se puso orden donde antes no había nada.
Pero el crimen no solo se movía con personas. También controlaba tecnología: más de 200 cámaras, instaladas por los grupos delictivos, fueron desmontadas. Estas grababan entradas, salidas y movimientos de autoridades. Su retiro fue clave para interrumpir el control que ejercían sobre el territorio. La fiscalía no solo enfrentó al crimen, también le arrebató su capacidad de vigilar.
Las desapariciones, sin embargo, han dejado marca en la región. En Chiapas, hay 59 expedientes abiertos de migrantes ausentes, muchos de ellos con origen en Cuba y Venezuela. Algunos fueron hallados en el norte del país o en Estados Unidos, pero otros siguen sin ser localizados. Las familias, entre la esperanza y la angustia, siguen a la espera de respuestas.
Este avance en seguridad rompe con una inercia que parecía intocable. Pero la frontera sur aún está lejos de ser segura. Mientras exista demanda, los corredores se reinventarán. El desafío no termina con el desmantelamiento de bandas: apenas comienza con la obligación de evitar que vuelvan. La justicia, en este tramo del país, todavía tiene mucho por caminar.
