Aseguran que esto forma parte de una política sistemática tolerada, encubierta e incluso ejecutada por las propias instituciones del Estado
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Integrantes del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas alzaron la voz con indignación y dolor en respuesta a las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien desestimó la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en México y criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por señalar al Estado mexicano como responsable de este fenómeno.
En una conferencia de prensa realizada desde el propio Senado de la República, Isabel Torres, madre buscadora y vocera del colectivo, fue tajante al acusar al legislador de mentirle no solo a la sociedad mexicana, sino a las víctimas y sus familias: “Noroña es un mentiroso. Vino a San Cristóbal de Las Casas, se sentó con nosotras, nos prometió apoyo y dijo que nos creía. Luego se fue y nunca volvió. Hoy dice que la ONU miente. Pero los que mentimos no somos nosotros: los que desaparecen a nuestros hijos están en el poder, y él lo sabe”, reclamó.
Torres denunció que su hija, Casandra, desapareció en 2022 en Chiapas y responsabilizó directamente a elementos de la Fiscalía General del Estado de haberla privado de la libertad. Desde entonces, asegura, ha vivido un calvario en busca de respuestas y de justicia. “Me han cerrado las puertas, me han hostigado, me han querido silenciar. Pero sigo aquí porque no hay peor dolor que no saber dónde está tu hija”, añadió con la voz quebrada.
La respuesta de las Madres en Resistencia no es un hecho aislado ni una simple diferencia de opinión. En Chiapas, una de las entidades federativas con menor visibilidad mediática en cuanto a la desaparición forzada, el colectivo ha documentado más de dos mil 200 casos activos de personas desaparecidas, una cifra alarmante que contradice el discurso oficial de que en el estado hay paz y gobernabilidad.
“Todos los días desaparece alguien en Chiapas. Calculamos que hay hasta tres desapariciones diarias en promedio, muchas de ellas perpetradas por autoridades o bajo su complicidad. El crimen organizado, la migración forzada, la trata de personas y el desplazamiento interno están alimentando una crisis que se pretende ocultar bajo el silencio institucional”, denunció Torres.
La madre buscadora señaló que no se trata de cifras frías, sino de historias truncadas: “Cada número tiene rostro, nombre, historia. Son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hijas. No son ‘exageraciones’ como dice el senador Noroña. Nosotras no somos enemigas del Estado, pero sí exigimos que se nos escuche y se nos respete”.
El detonante de la indignación fue la intervención de Fernández Noroña durante una rueda de prensa en la que acusó a la ONU de generar una “narrativa alarmista” sobre la desaparición forzada en México, afirmando que “no existe una crisis generalizada” y sugiriendo que el organismo internacional está “politizando” el tema.
“Es preocupante que un senador minimice el dolor de miles de familias mexicanas. No se trata de partidos ni de ideologías, se trata de vidas humanas. ¿Cómo puede alguien que aspira a representar al pueblo negar lo que es evidente?”, cuestionó otra integrante del colectivo que pidió anonimato por razones de seguridad.
El colectivo recordó que en 2023 sostuvieron una reunión informal con Noroña durante su visita a Chiapas como parte de sus actividades proselitistas rumbo a la candidatura presidencial. Según las buscadoras, en ese encuentro el legislador reconoció la gravedad del problema y se comprometió a visibilizar su causa. “Nos tomó de la mano, nos abrazó, dijo que nos entendía. Hoy nos llama mentirosas por televisión. Esa es su congruencia”, señalaron.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en múltiples ocasiones que la situación de Chiapas se encuentra en un estado crítico. No solo por la presencia creciente del crimen organizado en diversas regiones del estado —especialmente en la zona fronteriza y la Sierra Madre—, sino por la omisión de las autoridades para investigar los casos de desaparición.
“La mayoría de los casos no se investigan. Las madres tienen que hacer sus propias búsquedas, exponiéndose al peligro, sin apoyo estatal, y en muchos casos siendo hostigadas o criminalizadas”, indicó un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que acompaña a algunas de las familias.
Además, se ha documentado que muchas desapariciones están relacionadas con redes de trata de personas, reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado, y desplazamientos forzados provocados por la violencia armada en comunidades indígenas.
“Chiapas no solo es una tierra de paso migrante, es también un territorio donde desaparecen mujeres, niñas y adolescentes indígenas, campesinos, trabajadores. Hay un patrón sistemático de violencia que debe ser investigado como tal, pero el Gobierno prefiere mirar a otro lado”, denunció el defensor.
Las Madres en Resistencia exigieron al senador Fernández Noroña una disculpa pública por minimizar la lucha de miles de madres en todo el país que han dedicado años enteros a buscar a sus familiares desaparecidos. También demandaron que se legisle para garantizar que las Fiscalías actúen de manera eficiente y que el Estado mexicano cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Nosotras no queremos más discursos, queremos hechos. Queremos a nuestros hijos de vuelta. Y si no pueden traérnoslos, al menos no nos mientan en la cara”, sostuvo Isabel Torres, quien también adelantó que preparan una movilización nacional para exigir justicia, verdad y reparación del daño.
Por ahora, las madres continúan con sus búsquedas, algunas armadas con palas, fotografías y esperanzas, recorriendo brechas, terrenos baldíos, cárceles y hospitales en busca de respuestas. En su dolor no cabe la indiferencia ni el negacionismo.
“Nosotras no mentimos. El que miente es el Estado cuando dice que no pasa nada. El que miente es Noroña cuando dice que no hay crisis. Y mientras ellos mienten, nuestros hijos siguen desaparecidos”, concluyó Torres, con una mezcla de rabia y dignidad en la voz.
En Chiapas, como en muchas otras regiones de México, la desaparición forzada no es una excepción ni una estadística aislada: es una política sistemática de desaparición tolerada, encubierta e incluso ejecutada por las propias instituciones del Estado. Así lo denuncian madres buscadoras organizadas en el Colectivo Madres en Resistencia, quienes han tenido que convertir el dolor más profundo en fuerza para exigir justicia ante un sistema que no solo ignora su sufrimiento, sino que también participa activamente en su tragedia.
“Lo que dice la ONU es verdad, porque a mi hija me la robó la Fiscalía. Ellos desaparecieron a mi hija hace más de dos años y cuatro meses, ellos se la llevaron. Esto es sistemático, porque en Chiapas desaparecen al menos dos o tres personas cada día. Todo es verdad”, denuncia con voz firme una de las madres integrantes del colectivo, rompiendo el cerco del silencio institucional.
La impunidad ha sido tan brutal y prolongada que muchas madres han visto en organismos internacionales como la ONU la única vía posible para que sus denuncias sean escuchadas. Frente a la indiferencia oficial y el cinismo de algunos políticos, las madres buscan una interlocución directa con personal de Naciones Unidas, con la esperanza de que la presión internacional logre lo que el Estado mexicano se niega a hacer: buscar a los desaparecidos, reconocer la violencia sistemática y garantizar justicia.
Uno de los momentos que más indignación generó fue la actitud del senador Gerardo Fernández Noroña, quien, según las madres, se comprometió en San Cristóbal de Las Casas a apoyarlas en su lucha. “Lo que dice ese senador, Noroña, es mentira. Nos reunimos con él en Chiapas y nos dijo que nos iba a ayudar, que él nos creía y nos iba a apoyar, cosa que desde esa vez ya no lo volvimos a ver”, subraya una madre con indignación. Pero más allá del abandono político, lo que más duele es la negación misma del fenómeno. “Fernández Noroña afirmó que la desaparición forzada no existe, pero hay miles de casos en México y es sistemática como dice la ONU. Ocurre todos los días y tan solo en Chiapas hay dos mil 220 personas desaparecidas”, recordó con rabia una de las fundadoras del colectivo.
Adriana Gómez, una de las voces más visibles del movimiento, insiste en que no buscan alianzas partidistas ni promesas electorales vacías. “No nos importa el color político, solo queremos justicia, verdad y no repetición para que las compañeras encuentren a sus hijos”, expuso con claridad. Para ellas, cada día sin sus hijos es una herida abierta, un recordatorio de la complicidad estatal, una prueba dolorosa de que en este país ser madre buscadora implica enfrentar no solo a los responsables de las desapariciones, sino a todo un aparato institucional diseñado para desestimar, revictimizar y callar.
El pasado 8 de abril, una comitiva de senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunió con las buscadoras del colectivo. Ahí, el coordinador parlamentario Ricardo Anaya expresó su solidaridad: “No hay dolor mayor que el de no poder encontrar a un hijo o una hija. No encontrar a un hijo es como estar muerto en vida”. Pero más allá de las palabras, las madres exigen hechos. El tiempo de los discursos y las condolencias públicas ya se agotó. Lo que piden es acción, verdad, justicia y garantías de no repetición.
Y es que la desaparición forzada no es un fenómeno reciente ni exclusivo de la llamada “guerra contra el narco”. Se trata de una práctica que ha mutado con los gobiernos, disfrazada de operativos, de detenciones, de omisiones deliberadas. El silencio de la Fiscalía, los archivos cerrados, las carpetas sin mover, son también parte del mecanismo que permite la repetición diaria de estas tragedias.
Lo más alarmante es que en Chiapas, las desapariciones ya no son excepcionales. Las cifras que las madres han documentado superan las dos mil 200 personas desaparecidas, pero la cifra real podría ser mucho mayor. En muchas comunidades, el miedo impide denunciar, y la falta de confianza en las instituciones hace que las víctimas no acudan a una justicia que, cuando no es sorda, es cómplice.
“El dolor de perder un hijo es uno, pero la omisión del Estado es otro completamente diferente”, afirma otra madre del colectivo. Porque no solo buscan a sus hijos, también enfrentan la revictimización, el desprecio, el abandono. Son madres que tuvieron que aprender a ser investigadoras, abogadas, peritas y activistas, porque el Estado renunció a sus funciones más básicas.
Su lucha no es solo por sus hijos, es por todas y todos los desaparecidos. Es una exigencia que rebasa los colores partidistas y las coyunturas electorales. Es una lucha por la vida, por la memoria y por la justicia. Y, como ellas mismas dicen, no se detendrán hasta encontrarles.
En un país donde la verdad se oculta tras la opacidad burocrática y la negligencia institucional, las madres buscadoras de Chiapas se han convertido en faro y resistencia. Su grito no se calla, su dolor no se negocia y su exigencia no caduca. Nos recuerdan que mientras haya una madre buscadora, habrá esperanza. Pero también una denuncia constante: en México, la desaparición forzada es real, sistemática y, tristemente, cotidiana.
Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 114 mil personas se encuentran desaparecidas en México hasta abril de 2025. Chiapas, pese a no encabezar la lista, presenta un subregistro significativo debido a la falta de denuncias, el miedo de las familias y la poca respuesta institucional. Las cifras del colectivo Madres en Resistencia duplican las estadísticas oficiales del estado.
En este contexto, los señalamientos de la ONU, los informes de organismos internacionales y el trabajo de colectivos como Madres en Resistencia son cruciales para visibilizar lo que las instituciones se niegan a reconocer: que México atraviesa una crisis humanitaria, y Chiapas es parte fundamental de esa tragedia silenciada.
