Representan una estrategia con doble propósito, desincentivar el retorno inmediato de los deportados y descentralizar la recepción de estos
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Durante los últimos dos meses, el sur de México se ha convertido en el nuevo punto de llegada forzada para miles de ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos. En lo que va del período, aproximadamente tres mil connacionales han sido repatriados vía aérea al estado de Chiapas, en al menos 25 vuelos provenientes del país vecino del norte. Esta oleada de deportaciones ocurre en un contexto marcado por la política migratoria más estricta adoptada por la administración del expresidente Donald Trump, quien asumió la Presidencia en enero de 2017 y desde entonces implementó una línea dura en materia migratoria.
El más reciente de estos vuelos aterrizó el pasado martes en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, procedente de Harlingen, Texas, trayendo consigo a 118 mexicanos. Con esta operación, se contabiliza ya el vuelo número 25 del operativo de deportación aérea que comenzó formalmente el 20 de febrero, apenas un mes después de que Trump llegara a la Casa Blanca. Esta fecha marca un punto de inflexión en la política de repatriaciones, que se ha intensificado tanto en frecuencia como en volumen.
Históricamente, los deportados mexicanos eran enviados mayoritariamente a ciudades fronterizas del norte del país, como Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Sin embargo, el actual enfoque de Washington ha modificado esta lógica. Las deportaciones hacia la frontera sur, particularmente a Tapachula, representan una estrategia con doble propósito: desincentivar el retorno inmediato de los deportados al territorio estadounidense y descentralizar la recepción de migrantes en la frontera norte, ya saturada por la crisis migratoria.
Esta práctica ha sido calificada por defensores de derechos humanos como un traslado forzoso que complica aún más la situación de los repatriados, muchos de los cuales provienen de entidades como Puebla, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México o incluso Baja California y Sonora. Para ellos, llegar a Chiapas significa estar a cientos o miles de kilómetros de su lugar de origen, sin recursos económicos y con un panorama incierto.
“MÉXICO TE ABRAZA”: RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LA CRISIS
Ante esta situación, el Gobierno mexicano ha activado un programa de recepción y asistencia denominado México te abraza, el cual se implementa con la participación de los tres órdenes de Gobierno —federal, estatal y municipal— y tiene como objetivo mitigar el impacto de estas deportaciones masivas. La iniciativa busca brindar apoyo integral a los deportados en el momento de su llegada, incluyendo servicios de atención médica, apoyo psicológico, asistencia administrativa para recuperar documentos oficiales, e incluso ayuda económica temporal.
La Secretaría del Bienestar lidera los esfuerzos en el componente económico del programa, ofreciendo transferencias monetarias y pasajes de autobús para facilitar el retorno de los migrantes a sus estados de origen. A la llegada de cada vuelo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Salud y la Guardia Nacional colabora para brindar atención inmediata y garantizar un entorno seguro para los repatriados.
Según fuentes del aeropuerto de Tapachula, estos vuelos están programados con antelación y siguen estrictos protocolos de seguridad y revisión. La mayoría de los repatriados son hombres adultos, aunque en algunos vuelos se han documentado la presencia de mujeres y menores de edad. La llegada de cada vuelo representa no solo un operativo logístico, sino también un desafío social y humanitario.
Las historias de los repatriados son tan diversas como dolorosas. Muchos de ellos llevaban años viviendo en Estados Unidos, con familias establecidas, trabajos estables y una vida construida desde la sombra de la irregularidad migratoria. Algunos fueron detenidos en redadas laborales, otros en operativos de rutina, y otros más entregados por autoridades locales tras ser arrestados por delitos menores. Sin importar las circunstancias, el resultado es el mismo: una abrupta separación de sus vidas y un retorno obligado a un país que, en muchos casos, dejaron hace décadas.
“Me sacaron sin darme tiempo ni de recoger mis cosas”, comenta Juan Carlos, un hombre de 42 años originario de Guadalajara que llegó en uno de los últimos vuelos. “No conozco Chiapas, no tengo a nadie aquí. Solo quiero volver a mi tierra, a ver si me dan trabajo”.
A estos factores se suma la estigmatización social que muchas veces enfrentan los deportados a su regreso. Considerados por algunos sectores como “fracasados” o incluso como una “carga” para el país, muchos deben enfrentar no solo la reconstrucción de sus vidas materiales, sino también de su autoestima y su sentido de pertenencia.
La decisión del Gobierno de Donald Trump de intensificar las deportaciones y diversificar sus rutas ha sido duramente criticada tanto en Estados Unidos como en México. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado que la práctica de enviar mexicanos al sur del país es una forma de “disuasión indirecta”, destinada a dificultar el retorno inmediato de los migrantes a la frontera norte, y con ello frenar los intentos de reingreso ilegal.
Desde la perspectiva mexicana, esta política representa un nuevo reto en materia de derechos humanos y seguridad interna. Chiapas, una entidad ya marcada por la pobreza estructural y la presión migratoria de centroamericanos que cruzan por su territorio rumbo a Estados Unidos, ahora debe enfrentar una nueva presión: la repatriación masiva de sus propios connacionales.
“No hay condiciones en Chiapas para recibir a tantos deportados en tan poco tiempo”, advierte un funcionario estatal que pidió el anonimato. “No solo hablamos de infraestructura, sino de empleo, seguridad y servicios. Y muchos de ellos ni siquiera son de aquí. ¿Cómo los ayudas a volver a casa cuando están a más de mil kilómetros de su comunidad?”.
EL DESAFÍO DEL FUTURO INMEDIATO
El fenómeno de las deportaciones aéreas hacia el sur de México no muestra señales de disminuir. Si la tendencia se mantiene, se estima que en los próximos meses podrían llegar otros miles de mexicanos por esta vía, lo cual plantea serias interrogantes sobre la capacidad de respuesta del Estado y la sostenibilidad de programas como México te abraza.
Más allá de la coyuntura política o de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, lo que está en juego es el destino de miles de personas que, tras buscar un mejor futuro al norte del Río Bravo, regresan al país con las manos vacías, pero con la esperanza de reconstruir su vida desde el sur.
El aeropuerto de Tapachula se ha convertido en un símbolo de estos tiempos: una puerta de entrada al desarraigo, pero también un punto de partida para la resiliencia de quienes, aún en medio de la adversidad, buscan nuevas oportunidades para volver a empezar.
La dinámica migratoria en el sur de México ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. Según cifras proporcionadas por el albergue para migrantes “Casa Belén”, el flujo de personas provenientes de Centro y Sudamérica se ha reducido hasta en un 70 por ciento, reflejando un giro en la ruta y en las decisiones de quienes buscan llegar a Estados Unidos.
Hasta hace poco, el albergue recibía un promedio diario de 350 extranjeros, principalmente de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Venezuela. Sin embargo, en las últimas semanas, esta cifra ha descendido drásticamente a un promedio de 120 migrantes. Las autoridades del refugio atribuyen esta disminución a un endurecimiento de las políticas migratorias tanto en México como en Estados Unidos, así como al creciente desgaste emocional y físico que enfrentan los migrantes en su tránsito.
María Torres, coordinadora del albergue, señala que, en los últimos tres meses, al menos 200 personas han optado por regresar voluntariamente a sus países de origen. “Estamos viendo un fenómeno que no habíamos registrado antes: familias completas que, agotadas por la incertidumbre, deciden retornar, incluso sin garantías claras de estabilidad en sus naciones”, comentó.
Mientras tanto, en las calles de Tapachula, se ha gestado otro tipo de manifestación. Cientos de migrantes venezolanos que permanecen varados en esta ciudad fronteriza han comenzado a exigir su repatriación inmediata, cansados de las condiciones precarias y del prolongado proceso de regularización migratoria en México.
Durante la última semana, grupos organizados han realizado protestas frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), portando pancartas y entonando consignas en las que piden ser incluidos en los vuelos de deportación que salen desde la Ciudad de México hacia Venezuela.
“Ya no queremos esperar más. No hay trabajo, no hay comida, no hay esperanza. Queremos volver, pero desde aquí, desde Chiapas, porque no todos podemos llegar a la capital”, expresó Franklin Rivas, uno de los voceros del grupo de manifestantes.
Los migrantes han solicitado al Gobierno mexicano que establezca convenios diplomáticos con la administración de Nicolás Maduro para que los vuelos de repatriación no solo operen desde la Ciudad de México, sino también desde Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, las principales ciudades del estado de Chiapas. Según estimaciones de organizaciones humanitarias locales, alrededor de cuatro mil venezolanos se encuentran actualmente en esta región, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.
Para muchos, la promesa del llamado “sueño americano” se ha tornado en una pesadilla prolongada. Las restricciones impuestas por Estados Unidos para controlar la migración irregular, sumadas a las dificultades para obtener permisos de tránsito en México, han hecho que miles reconsideren su travesía.
Carlos Méndez, un migrante venezolano de 28 años, relató su experiencia: “Salí de Maracaibo con la idea de cruzar hasta Texas, pero en el camino todo cambió. Dormimos en la calle, pasamos hambre, y cuando llegamos aquí nos dijeron que el trámite para seguir al norte puede tardar meses. No tenemos ese tiempo ni esas fuerzas”.
Organismos civiles han advertido sobre el riesgo de crisis humanitaria si no se toman medidas urgentes. “Estamos viendo un incremento en las enfermedades, la desnutrición y los casos de violencia en los campamentos improvisados”, alertó Jorge Salinas, representante de una ONG internacional que opera en la zona.
Diversas voces han comenzado a pedir una respuesta más coordinada entre los gobiernos de México, Estados Unidos y los países de origen de los migrantes. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han guardado silencio respecto a las peticiones de vuelos desde Chiapas, lo que ha generado mayor frustración entre los afectados.
A pesar del panorama desalentador, algunos migrantes aún mantienen la esperanza de una solución pacífica. “No pedimos caridad, solo una salida digna. Si no nos quieren aquí ni allá, al menos que nos dejen regresar”, concluyó Franklin Rivas, mientras sostenía una pancarta que rezaba: “Volver también es un derecho”.
