Pese a múltiples programas sociales impulsados durante décadas, los indicadores de
bienestar muestran un estancamiento crónico
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En el corazón del sureste mexicano, Chiapas —un estado de extraordinaria riqueza
cultural, ambiental y lingüística— enfrenta una realidad que contrasta radicalmente con
sus tesoros naturales y patrimoniales: la pobreza extrema ha alcanzado niveles críticos,
sobre todo en sus comunidades indígenas. De los 124 municipios que conforman la
entidad, 49 son considerados de población indígena al 100 por ciento, y muchos de ellos
viven en condiciones alarmantes de marginación y abandono institucional.
A pesar de los múltiples programas sociales impulsados durante décadas, los indicadores
de bienestar en Chiapas muestran un estancamiento crónico. En algunas comunidades, el
acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje o caminos
transitables sigue siendo inexistente. Esta carencia estructural ha contribuido no solo a la
precarización de la vida cotidiana, sino también al aumento de fenómenos sociales como
la migración forzada, la desnutrición infantil, violencia de género y pérdida de identidad
cultural.
Ante esta crisis estructural, el Gobierno federal ha planteado una estrategia que podría
transformar la forma en la que históricamente se han canalizado los recursos públicos en
las zonas más rezagadas del país. Se trata de permitir que más de dos mil comunidades
indígenas de Chiapas ejerzan de manera directa los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), un fideicomiso destinado, en teoría, a mejorar la
infraestructura básica en las regiones con mayores índices de pobreza.
El planteamiento es ambicioso. El FAIS, administrado por la Secretaría de Bienestar, ha
sido históricamente gestionado por los gobiernos municipales, pero en muchas ocasiones
su ejecución se ha visto entorpecida por la corrupción, el clientelismo o la ineficiencia
burocrática. Ahora, el Ejecutivo federal busca que sean las propias comunidades quienes
decidan en asambleas cuáles son sus obras prioritarias, quiénes las ejecutarán y quiénes
vigilarán que se cumpla con lo acordado.
De este proceso deben surgir dos figuras fundamentales: el Comité de Ejecución de Obra y
el Comité de Vigilancia. Ambos serán electos en asambleas comunitarias y tendrán la
responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de los recursos en obras como
sistemas de agua potable, electrificación, caminos rurales, viviendas dignas o sistemas de
drenaje. Según los lineamientos oficiales, todas estas asambleas deberán concluir a más
tardar el 31 de mayo, lo que ha implicado un despliegue organizativo inédito en el estado.
El viraje hacia el ejercicio directo de los recursos públicos en comunidades indígenas se
inscribe en un contexto de exigencia histórica de autonomía por parte de los pueblos
originarios. Desde la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 —fruto del
levantamiento zapatista de 1994— los pueblos indígenas han demandado el
reconocimiento constitucional de su derecho a gobernarse conforme a sus sistemas
normativos internos.
Aunque muchas de estas demandas siguen sin concretarse plenamente en la legislación
nacional, la iniciativa del FAIS podría representar un avance significativo en términos de
autodeterminación comunitaria. “Por primera vez en mucho tiempo, se nos está
reconociendo como sujetos capaces de decidir qué es lo que necesitamos”, dice Martín
Hernández, autoridad tradicional de una comunidad tseltal en el municipio de Ocosingo.
“No queremos que nos sigan tratando como menores de edad o como si no supiéramos
cómo se construye el bienestar desde nuestras formas de vida”.
Para los líderes comunitarios consultados, el modelo también representa un antídoto
contra el paternalismo institucional que ha caracterizado muchos programas
asistencialistas. “Nos cansamos de que llegaran funcionarios a decirnos qué obras
necesitábamos o a imponer a las constructoras sin consultarnos. Esa historia tiene que
cambiar”, afirma María Pérez, integrante de una asamblea comunitaria en la región de Los
Altos.
Sin embargo, el camino hacia el empoderamiento comunitario no está exento de
obstáculos. Uno de los mayores desafíos es la capacitación técnica de los comités
comunitarios, muchos de los cuales carecen de experiencia en gestión de obra pública,
administración de recursos y rendición de cuentas. Si bien el modelo busca que las
decisiones provengan de la base social, será necesario acompañarlas con procesos
formativos que eviten improvisaciones o posibles irregularidades en la ejecución de los
recursos.
“Hay muchas dudas todavía sobre cómo se va a manejar el dinero, cómo se van a
contratar a los trabajadores, qué mecanismos se utilizarán para comprobar gastos, y qué
pasará si hay conflictos dentro de las comunidades”, señala Tomás Domínguez,
investigador del CIESAS especializado en pueblos indígenas y políticas públicas. “Es
importante no romantizar el proceso, pero tampoco subestimarlo”.
Otro punto crítico tiene que ver con el seguimiento institucional. Aunque el modelo parte
de la confianza en la capacidad organizativa de las comunidades, también implica que el
Gobierno federal y los gobiernos municipales establezcan mecanismos claros de
supervisión, acompañamiento y transparencia sin caer en prácticas de control o
interferencia externa. Esto requiere una arquitectura normativa clara y accesible, además
de personal capacitado y sensible a los contextos culturales diversos de Chiapas.
La implementación del FAIS comunitario en Chiapas es observada con atención por
académicos, organizaciones sociales y gobiernos de otros estados. Si el modelo demuestra
eficacia en la mejora de los indicadores de bienestar y fortalece los sistemas de
organización indígena, podría replicarse en otras regiones del país con alta concentración
indígena, como Oaxaca, Guerrero o Puebla.
No obstante, existe el riesgo de que, sin una adecuada evaluación de impacto, el modelo
se convierta en una política de moda o en un experimento fallido. Para evitarlo, será
necesario establecer indicadores claros de evaluación, promover la sistematización de
experiencias y fomentar el diálogo entre comunidades, académicos, sociedad civil y
autoridades.
La pobreza extrema que azota a las comunidades indígenas de Chiapas no es una fatalidad
geográfica ni una consecuencia inevitable de la diversidad cultural. Es, más bien, el reflejo
de siglos de exclusión estructural, racismo institucional y políticas públicas centralizadas
que han ignorado sistemáticamente la voz y el saber de los pueblos originarios.
El nuevo modelo de ejecución directa del FAIS puede convertirse en un parteaguas si se
sostiene en la confianza, el respeto a la autonomía y el acompañamiento técnico
adecuado. Pero más allá de los recursos y las obras, lo que está en juego es el
reconocimiento de que la dignidad también puede —y debe— ser el eje central de una
política pública.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), algunos municipios del estado registran niveles de pobreza
superiores al 98 por ciento de su población, lo que los coloca entre los más empobrecidos
del país.
El panorama es particularmente crítico en municipios como San Juan Cancuc,
Chalchihuitán, Aldama, Chenalhó y San Andrés Duraznal, donde más del 98 por ciento de
sus habitantes viven en condiciones de pobreza. Esta cifra pone de relieve no solo la falta
de acceso a ingresos adecuados, sino también la carencia generalizada de servicios
básicos, salud, educación y oportunidades de desarrollo económico. En Aldama y
Chalchihuitán, por ejemplo, el 97.3 por ciento de la población se encuentra en situación
de pobreza, según los últimos registros disponibles.
La pobreza extrema, un indicador aún más preocupante, también se encuentra
fuertemente arraigada en varios municipios chiapanecos. En localidades como
Chalchihuitán, Sitalá, San Andrés Larráinzar y Santiago el Pinar, el 96 por ciento de la
población vive en condiciones de pobreza extrema, lo cual significa que no cuentan con
los recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda o
atención médica.
Otros municipios afectados por niveles severos de pobreza, aunque en menor medida,
incluyen a Mitontic, Larráinzar, Pantelhó y Sitalá, los cuales presentan índices superiores al
70 por ciento. Asimismo, en regiones como Ocosingo, Huitiupán, Nicolás Ruiz y Amatán, la
pobreza o pobreza extrema afecta a más del 90 por ciento de sus habitantes.
A esta crisis estructural se suma un factor especialmente preocupante: la inseguridad
alimentaria. Siete municipios presentan altos índices de pobreza alimentaria, lo cual
significa que una proporción significativa de la población no tiene acceso regular ni
suficiente a alimentos nutritivos. Entre ellos destacan San Juan Cancuc, Chenalhó,
Zinacantán, Chamula, Oxchuc, Chilón y Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde la desnutrición
infantil y la falta de acceso a una dieta balanceada son problemas persistentes.
Esta situación es el resultado de múltiples factores históricos y estructurales, como la falta
de inversión pública, la marginación étnica, el aislamiento geográfico, el rezago educativo
y la precariedad laboral. Además, la violencia intercomunitaria, los conflictos agrarios y la
debilidad institucional también contribuyen a perpetuar las condiciones de pobreza
extrema en estas regiones.
En Chiapas, más de un millón 400 mil personas se identifican como hablantes de lenguas
indígenas como el chol, tseltal, tsotsil, zoque, tojolabal, mam y lacandón maya, lo que
refleja una gran riqueza cultural. Sin embargo, esta diversidad convive con una
marginación persistente. Municipios antes destacados en la producción agrícola, como
Chiapa de Corzo y Tapachula, enfrentan hoy el deterioro del campo y la migración. Ante
este panorama, líderes comunitarios y expertos llaman a una inversión coordinada de los
tres órdenes de Gobierno para combatir el rezago social.
Frente a este panorama, es urgente que las autoridades federales, estatales y municipales
implementen políticas públicas integrales y sostenidas que no solo atiendan las
necesidades inmediatas, sino que también promuevan el desarrollo económico, la
educación intercultural, el acceso a la salud y la infraestructura básica. La pobreza en
Chiapas no es un fenómeno aislado, sino una muestra de las profundas desigualdades
sociales que aún persisten en México, especialmente en sus comunidades indígenas.
