Las extorsiones se multiplican en un contexto donde el Estado no logra garantizar justicia en Chiapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia no siempre se presenta con un arma en la mano; a veces basta una llamada para provocar el miedo necesario y cerrar la puerta de la denuncia. En Chiapas, el 96.6 por ciento de los delitos quedan en el olvido, sin llegar jamás a una carpeta de investigación. La impunidad se alimenta de este silencio, y la desconfianza en las autoridades es su principal cómplice.
Los delincuentes lo saben y han encontrado terreno fértil para reinventarse: ya no necesitan aparecer de manera físicapara generar terror, basta con explotar la desinformación y la vulnerabilidad emocional de sus víctimas. La tecnología les ha dado nuevas formas de operar, pero el verdadero problema está en lo que sucede después, nada. La mayoría de los chiapanecos prefiere no acudir a las instancias oficiales, y eso los expone aún más.
No se trata solo de miedo. El laberinto institucional, la falta de resultados y la percepción de que “no sirve de nada denunciar” ha calado hondo en la cultura social. Esta ausencia de acción deja al ciudadano solo frente a una delincuencia cada vez más sofisticada. En ese vacío, la ilegalidad se fortalece y la justicia se vuelve una aspiración lejana.
Lo más grave es que este patrón de impunidad no solo permite que los crímenes se repitan, sino que los legitima de manera social. Todos saben que no habrá consecuencias, el crimen deja de ser excepción para convertirse en rutina. Y si se denuncia es la excepción, el Estado de Derecho se debilita hasta desaparecer del imaginario colectivo.
Romper ese ciclo requiere más que campañas de prevención o líneas de emergencia. Hace falta reconstruir la confianza desde abajo, garantizar que quien se atreve a denunciar no quede expuesto o ignorado. Porque mientras el silencio siga siendo la respuesta más común, en Chiapas el delito seguirá teniendo la última palabra.
