La República Mexicana ocupa el décimo lugar a nivel mundial en número absoluto de adolescentes que se casan antes de alcanzar la mayoría de edad
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
En una comunidad rural de la región montañosa de Guerrero, una niña de apenas 13 años fue llevada a vivir con un hombre de 28. No hubo ceremonia civil ni religiosa. Solo una conversación entre padres, la promesa de una dote modesta y la anuencia tácita de la comunidad. A ojos del Estado, nada ocurrió. Pero la realidad es otra: esa menor dejó la escuela, comenzó a realizar labores domésticas y, pronto, estará embarazada.
Este caso no es aislado. Según el reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado “Acercamiento a los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas (MUITF) en México”, presentado esta semana, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca registran una alta prevalencia de uniones conyugales entre menores de edad, a pesar de que legalmente están prohibidas desde 2019.
El documento, basado en trabajo de campo, entrevistas y análisis estadístico, revela que la práctica no solo persiste, sino que ha mutado. Ante la imposibilidad legal de celebrar matrimonios formales con menores, las comunidades han recurrido a uniones de hecho, con el visto bueno de los padres y el silencio de las autoridades.
“De manera que el problema inicial sigue presentándose, bastando con la aprobación de los padres de ambos miembros de la pareja y la anuencia implícita de la comunidad”, advierte el UNFPA.
En los municipios más pobres de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, hasta una de cada tres mujeres de entre 20 y 24 años declara haber vivido en unión antes de los 18 años. En regiones indígenas, como la Mixteca o Los Altos de Chiapas, la proporción puede llegar al 40 por ciento, según datos complementarios de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
En teoría, la reforma al Código Civil Federal de 2019, que prohibió explícitamente el matrimonio con menores, buscaba cerrar todas las puertas legales a esta práctica. Pero el UNFPA señala que la legislación ha sido insuficiente para cambiar prácticas culturales arraigadas, que muchas veces se escudan en la autonomía de los pueblos originarios.
“Estamos frente a una forma de violencia estructural que se reproduce de generación en generación”, explica en entrevista con Animal Político Mariana Islas, investigadora en temas de género en el CIESAS. “No solo se trata de pobreza o falta de educación, sino de un entorno social donde la niñez femenina se concibe como mercancía de intercambio familiar y reproductora de prestigio o estabilidad económica”.
En las comunidades donde se reportan estas prácticas, las uniones infantiles no se nombran como tal. En su lugar, se habla de “acuerdos”, “entendimientos familiares” o, incluso, de “relaciones formales”. Son acuerdos que no pasan por el Registro Civil, pero que tienen un valor social equivalente al matrimonio. Se celebran con convivios, se intercambian regalos, y en muchos casos, con el pago de una dote simbólica: dinero, animales o terrenos.
Las autoridades municipales suelen mirar hacia otro lado. En entrevistas realizadas por el equipo de campo del UNFPA, funcionarios locales reconocieron que no interfieren por “respeto a los usos y costumbres”, a pesar de que estas prácticas constituyen una violación clara a los derechos humanos de las menores.
Esta permisividad tiene consecuencias graves. Las niñas unidas antes de los 18 años enfrentan mayores tasas de abandono escolar, embarazos adolescentes, complicaciones de salud materna y, en muchos casos, violencia intrafamiliar.
El gran dilema es la brecha entre la ley y la realidad. A nivel normativo, México ha hecho avances importantes en materia de protección de la infancia. Pero en los hechos, las uniones infantiles continúan ocurriendo fuera del radar institucional.
“Es una realidad invisible para el sistema de justicia”, comenta Silvia Barrera, abogada en derechos de infancia de la organización Melel Xojobal, en San Cristóbal de Las Casas. “Al no haber un matrimonio civil o religioso, no hay un documento que perseguir. Y como las niñas rara vez denuncian, no hay casos judicializados. El Estado no interviene, y eso perpetúa el ciclo”.
El informe del UNFPA propone un enfoque más integral: no basta con prohibir las uniones formales, sino que se requiere trabajo comunitario, educación con enfoque de género, y sobre todo, una transformación cultural que cuestione el rol de las niñas en la sociedad.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS UNIONES FORZADAS?
La persistencia de las MUITF (Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas) está vinculada a múltiples factores:
-Pobreza estructural: muchas familias ven en la unión temprana una forma de “asegurar” el futuro de la hija, o de reducir la carga económica.
-Falta de acceso a educación secundaria y media superior, especialmente en comunidades rurales, lo cual limita las perspectivas de vida de las niñas.
-Normas de género tradicionales, que refuerzan la idea de que el rol principal de la mujer es ser esposa y madre.
-Ausencia de políticas públicas con enfoque intercultural, que reconozcan las particularidades de las comunidades indígenas sin dejar de proteger los derechos fundamentales.
EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES
Uno de los aspectos más críticos que señala el informe es la inacción de los gobiernos estatales. Ni Chiapas, ni Guerrero, ni Oaxaca cuentan con políticas específicas para erradicar las uniones infantiles. Los sistemas DIF locales operan con recursos limitados, y las fiscalías estatales raramente persiguen estos casos.
“Sabemos que ocurre, pero no tenemos instrucciones de intervenir”, confiesa —bajo anonimato— un funcionario del DIF en un municipio indígena de Oaxaca. “Si vamos en contra de la comunidad, podríamos generar conflictos. Preferimos no meternos”.
Mientras tanto, las niñas siguen siendo obligadas a asumir roles adultos antes de tiempo, sin que el Estado las proteja.
UN FUTURO QUE NO PUEDE ESPERAR
A nivel internacional, México se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen eliminar el matrimonio infantil para 2030. Pero los compromisos de papel no bastan frente a una realidad donde las leyes no se cumplen, las niñas no tienen voz, y las comunidades callan por costumbre.
“Cada año que pasa sin actuar, miles de niñas pierden su infancia, su libertad y sus derechos”, concluye el informe.
El reto es inmenso: transformar una práctica que se oculta tras la legitimidad cultural, sin violentar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero el respeto a las costumbres no puede ser excusa para permitir la violencia.
Porque ningún uso ni tradición puede justificar que una niña sea tratada como moneda de cambio.
En la Ciudad de México se llevó a cabo el foro “Las Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas en México: Entre números y voces”, organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El objetivo principal del evento fue visibilizar y reflexionar sobre la problemática del matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas (MUITF) en México, así como promover acciones y políticas públicas que contribuyan a su erradicación.
El foro se celebró en el contexto de la presentación del estudio “Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México: los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca”. Esta publicación analiza la prevalencia, características y causas estructurales de las MUITF en tres de los estados con mayor incidencia, evidenciando cómo factores como la pobreza, las tradiciones culturales, la desigualdad de género, la violencia basada en género y el acceso limitado a la educación, salud sexual y reproductiva, contribuyen a perpetuar estas prácticas nocivas.
Durante el evento, Gabriela Rodríguez, secretaria técnica del CONAPO, subrayó que las uniones infantiles son una práctica profundamente arraigada en tradiciones milenarias, difíciles de erradicar únicamente con legislación. Aunque se han logrado avances mediante la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), como la reducción del 30 por ciento en la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) y una disminución del 20 por ciento en los nacimientos de niñas menores de 15 años, todavía queda mucho por hacer. Rodríguez hizo un llamado a ampliar la colaboración interinstitucional para transformar el contexto territorial, educativo y cultural que perpetúa estas prácticas.
Por su parte, Alanna Armitage, representante del UNFPA, destacó la necesidad de escuchar y sensibilizar a las juventudes, y subrayó que las MUITF limitan el potencial y los sueños de niñas y adolescentes. Señaló que la publicación presentada en el foro pretende servir como base para impulsar respuestas multisectoriales con enfoque integral, que generen mecanismos y normativas eficaces para erradicar esta problemática.
Maki Kato, representante adjunta de UNICEF en México, remarcó que, a pesar de que la ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en número absoluto de adolescentes que se casan o se unen antes de alcanzar la mayoría de edad. Señaló que estas prácticas constituyen una grave violación a los derechos humanos y un obstáculo para el futuro de las niñas, por lo que su erradicación requiere el cumplimiento de la ley y un compromiso colectivo para protegerlas.
Marta Ferreyra, directora general de la política nacional de igualdad y derechos de las mujeres en SEMUJERES, hizo énfasis en la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los niveles y fortalecer las políticas públicas que ofrezcan opciones de vida dignas para las niñas. Abogó por una educación integral en sexualidad, construcción de redes comunitarias, promoción del consentimiento y prevención de embarazos adolescentes.
Asimismo, Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de SIPINNA, calificó el matrimonio infantil como una de las expresiones más graves de pobreza y desigualdad, además, subrayó que su erradicación requiere un esfuerzo institucional coordinado. Afirmó que las niñas exigen una participación activa en la defensa de sus derechos, y SIPINNA está comprometida a ser garante de su autonomía y sueños, mediante el trabajo conjunto con todas las instancias gubernamentales y sociales.
El foro incluyó un conversatorio con sobrevivientes y defensoras comunitarias, así como una mesa panel con expertas que compartieron prácticas prometedoras hacia un futuro sin MUITF. También se realizaron actividades artísticas y testimoniales como parte del esfuerzo de sensibilización, incluyendo la exposición de dibujos del 29º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022, organizado por CONAPO y UNFPA, y la proyección de relatos recogidos en la publicación.
Finalmente, los organismos participantes coincidieron en la importancia de continuar el trabajo colaborativo, intersectorial e interinstitucional para combatir las causas estructurales de las uniones infantiles. Hicieron un llamado a consolidar alianzas, promover un diálogo social inclusivo y avanzar hacia políticas públicas con enfoque interseccional, que permitan a las niñas mexicanas desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones y sin violencia.
