Aunque el fallo representa una victoria simbólica, el desafío real comienza ahora
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un rincón montañoso del estado de Chiapas, marcado por la pobreza, el abandono institucional y la violencia entre grupos armados, la población indígena de Pantelhó ha sostenido una demanda histórica: el derecho a elegir a sus propias autoridades. En 2025, esa exigencia fue finalmente escuchada por el máximo tribunal electoral del país.
El pasado 7 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo trascendental en el expediente SUP-REC-3/2025 que obliga al Congreso del estado de Chiapas a convocar elecciones extraordinarias en Pantelhó durante 2025, luego de que se suspendieran los procesos ordinarios de 2024 por razones de seguridad.
Desde hace décadas, Pantelhó ha sido epicentro de una compleja red de conflictos. Enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, la irrupción de autodefensas armadas y disputas por el control territorial han dejado al municipio atrapado en una espiral de violencia e ingobernabilidad. A esto se suma la marginación histórica que viven los pueblos indígenas tsotsiles y tseltales, que componen la mayoría de la población.
En 2021, tras una elección marcada por acusaciones de vínculos con el narco y una posterior revuelta popular, el municipio comenzó a vivir bajo una tensa calma. Surgió un grupo autodenominado “El Machete”, una organización de autodefensas que dijo buscar la expulsión del crimen organizado y que obtuvo respaldo de parte de la comunidad. Sin embargo, otros grupos armados —algunos supuestamente ligados al narco— también comenzaron a operar, exacerbando el conflicto.
En este contexto, las elecciones ordinarias de 2024 fueron consideradas inviables por el Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó que no existían condiciones mínimas para instalar las 28 casillas requeridas. El Congreso local decidió entonces designar un Concejo mediante el Decreto 467, lo que encendió la inconformidad entre los pobladores.
La designación del Concejo no calmó las tensiones. Por el contrario, se convirtió en un nuevo foco de conflicto. Dos de sus integrantes fueron señalados por los habitantes como parte de grupos armados que previamente habían perpetrado actos violentos contra la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos documentaron amenazas, desplazamientos forzados y el control territorial por parte de actores armados. Las autoridades, tanto estatales como federales, se mantuvieron en gran medida ausentes o rebasadas.
El Partido Encuentro Social Chiapas presentó una impugnación contra el Decreto 467, alegando que al establecer un Concejo con un periodo fijo de tres años se violaban derechos fundamentales, como el derecho a votar y a ser votado. El caso escaló hasta llegar a la Sala Superior del TEPJF.
El proyecto de resolución, elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, establece una serie de criterios fundamentales que podrían sentar un precedente en contextos de violencia y ausencia del Estado.
Entre los puntos clave, el tribunal considera que:
No puede postergarse indefinidamente el derecho al voto. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar elecciones periódicas.
*Designar a un Concejo por tres años representa una medida excesiva y lesiva a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
*Se deben realizar elecciones extraordinarias en 2025, siempre y cuando existan condiciones de seguridad para ello.
*El Estado debe asumir su responsabilidad plena, y no delegar en la violencia o el abandono su incapacidad para garantizar procesos democráticos.
El proyecto también señala que el uso de Concejos en contextos de emergencia debe ser temporal y justificado, y no convertirse en una forma de Gobierno paralela a la democracia representativa.
El fallo no se limita a exigir elecciones. Reconoce que sin condiciones mínimas de seguridad y sin una estrategia de pacificación, ningún proceso electoral será legítimo o viable.
Por ello, el TEPJF ordena una serie de acciones:
*Convocar a elecciones extraordinarias durante 2025.
*Reducir la duración del Concejo actual, que ya no podrá estar en funciones hasta 2027.
*Elaborar un Plan Integral de Pacificación y Seguridad con participación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
*Crear una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz con representación de autoridades tradicionales, gobiernos estatales y federales, que funcione hasta las elecciones de 2027.
*Traducir la sentencia y sus implicaciones a lenguas tseltal y tsotsil, y difundirla ampliamente en las comunidades.
Estas medidas buscan no solo viabilizar un proceso electoral, sino establecer condiciones para una paz duradera y la reconstrucción del tejido social en Pantelhó.
Aunque el fallo del TEPJF representa una victoria simbólica para la población de Pantelhó, el desafío real comienza ahora. Los habitantes de este municipio han visto pasar muchas promesas sin cumplir. Desde programas de pacificación fallidos hasta políticas de seguridad que nunca llegaron a sus comunidades.
Las autoridades estatales y federales tendrán que demostrar voluntad política y capacidad operativa para restaurar la seguridad, construir confianza y garantizar que las elecciones de 2025 no sean una farsa ni una trampa mortal para los votantes. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han advertido que, sin una intervención civil y social amplia, el riesgo de repetir errores pasados es alto.
Los testimonios que emergen desde Pantelhó hablan de una comunidad dividida, dolida, pero también esperanzada. Para María (nombre ficticio), habitante de la cabecera municipal, la resolución “es lo que pedimos desde hace años. Queremos elegir a alguien que no venga armado, que no nos quiera desplazar”.
Otros, sin embargo, temen represalias. “Aquí todavía mandan los que tienen armas. ¿Quién nos va a proteger cuando venga el INE?”, cuestiona un líder comunitario que ha tenido que desplazarse en varias ocasiones.
El caso Pantelhó podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado mexicano enfrenta los vacíos democráticos en zonas de conflicto. Por primera vez en muchos años, el TEPJF lanza un mensaje claro, la violencia no puede suspender indefinidamente la democracia.
La resolución vincula a diversas instituciones, no solo electorales, en la tarea de restablecer el orden constitucional. También reconoce el papel de las comunidades indígenas como actores legítimos en la construcción de paz y la autodeterminación de sus formas de Gobierno.
El camino hacia las urnas en Pantelhó será largo, difícil y peligroso. Pero por primera vez desde 2021, se vislumbra una posibilidad real de que el municipio vuelva a tener autoridades electas por el pueblo. La resolución del TEPJF devuelve a los habitantes un derecho fundamental que les fue arrebatado por la violencia y la indiferencia institucional.
En medio de la zozobra, la comunidad carga ahora con una nueva responsabilidad, organizarse, exigir seguridad, proteger sus votos y, quizás, recuperar algo de la paz que les fue negada.
