En solo tres meses, Chiapas acumuló casi 800 denuncias por abusos cometidos por autoridades federales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La cotidianidad de los abusos en Chiapas se ha convertido en una estadística cruda, cada día, al menos ocho expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos son registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). No se trata de cifras abstractas, sino del reflejo de un sistema federal que, lejos de proteger, ha vulnerado de forma sistemática a quienes habitan y transitan por el estado.
Tapachula, con más de 600 expedientes en solo tres meses, representa el epicentro de la crisis. Le siguen municipios fronterizos y urbanos, donde el aparato federal interactúa con la población migrante y carcelaria. Esa presencia institucional no se traduce en protección, los organismos que deberían garantizar el respeto a los derechos humanos son los mismos que aparecen como los principales agresores.
Los reportes apuntaron, sobre todo, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al Instituto Nacional de Migración (INM). Dos instituciones encargadas, de acompañar a personas que huyen de la violencia o la pobreza. Sus omisiones y abusos son la evidencia de una política migratoria que, lejos de humanizar, persigue, encierra y castiga.
El patrón se repite, migrantes, personas privadas de la libertad y derechohabientes del sistema de salud aparecen como principales víctimas. La mayoría de los expedientes siguen abiertos, sin una resolución clara ni sanciones visibles. Mientras tanto, el Estado mexicano mantiene el control burocrático de una crisis que ya se mide en cientos de denuncias por trimestre.
Detrás de cada expediente hay una historia rota. Y detrás de cada institución señalada, hay una responsabilidad pendiente. Chiapas, segundo lugar nacional en abusos federales, no necesita un nuevo diagnóstico, necesita un viraje urgente hacia la reparación, la justicia y la rendición de cuentas. De lo contrario, la cifra solo seguirá creciendo.
