La titular de la oficina exige montos adicionales para entregar actas al momento, siendo que, el
proceso oficial tarda hasta 15 días
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Las denuncias sobre corrupción en oficinas públicas suelen caer en el archivo muerto. Sin
embargo, en Tuxtla Gutiérrez, los testimonios recientes contra la Oficialía número 3 del Registro
Civil han encendido alertas. Ciudadanos acusaron cobros irregulares en efectivo por parte de la
titular, lo que no solo afecta su economía, sino también su acceso a documentos esenciales.
Según los testimonios, obtener un acta sin demoras requiere pagar más del doble de la tarifa
oficial. Quienes no entregan los 234 pesos extra deben esperar semanas, en una oficina donde la
ausencia de la titular paraliza los trámites. Esto crea un sistema donde el derecho se vuelve
mercancía, y el tiempo, una moneda más.
En el caso de matrimonios, el patrón se repite. Si la funcionaria está presente, el costo se eleva
hasta tres mil 500 pesos. Si no asiste, el trámite baja mil pesos y se reduce a una simple firma. El
mensaje es claro, lo que debería ser un servicio público se transforma en una operación privada,
con precios variables según el humor del día.
Las prácticas señaladas revelaron un problema mayor, la tolerancia institucional hacia formas
cotidianas de corrupción. Mientras las autoridades guardan silencio, los usuarios enfrentan trabas,
opacidad y tratos preferenciales. No se trata solo de dinero, sino del desprecio por la legalidad en
espacios donde debería regir la confianza.
Exigir una investigación no es suficiente si no se garantiza independencia y resultados. La
ciudadanía no necesita más comunicados, sino acciones concretas. Porque mientras se normalicen
estos cobros clandestinos, el Registro Civil seguirá siendo un espacio donde los derechos
dependen del efectivo. Las filas seguirán creciendo, no por la demanda, sino por el desdén
institucional. Y el silencio oficial se convertirá en cómplice de una práctica que debilita lo público.
