Fue una de las movilizaciones más numerosas registradas en los últimos años en el norte de Chiapas, reflejo del hartazgo y la desesperación
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El 7 de junio de 2024, el municipio de Tila, en el norte de Chiapas, fue escenario de una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente del estado. La disputa por tierras entre grupos de ejidatarios y pobladores avecindados desató una ola de violencia que dejó un saldo de tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos incendiados y vandalizados, dos mujeres víctimas de violencia sexual y más de cuatro mil personas desplazadas. Este conflicto, alimentado por la disputa de tierras y la presencia de grupos armados, evidenció la fragilidad del tejido social y la ausencia de un Estado capaz de garantizar la seguridad y los derechos de la población.
Un año después, el 7 de junio de 2025, ejidatarios, sus hijos y pobladores avecindados de Tila marcharon por las principales calles del pueblo para conmemorar los hechos violentos ocurridos el año anterior. Convocados por la Comisión de Diálogo y Pacificación y los representantes de cada barrio, los habitantes de Tila exigieron justicia, reparación de daños y garantías de seguridad para evitar que una tragedia similar se repita.
La violencia comenzó el 4 de junio de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en la cabecera municipal de Tila, sembrando el terror entre la población. Durante tres días, los habitantes vivieron bajo el asedio de los agresores, quienes incendiaron viviendas, destruyeron vehículos y cometieron actos de violencia física y sexual. El 7 de junio, ante la magnitud de los hechos, más de cuatro mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en municipios cercanos como Yajalón, Petalcingo y Sitalá.
La Fiscalía de Chiapas reportó al menos dos muertos: un hombre de 41 años y un menor de 16, además de 21 vehículos y 17 casas quemadas.
Ante la magnitud de la crisis, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno implementaron un operativo para brindar asistencia humanitaria a los desplazados. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional distribuyeron alimentos y bienes de primera necesidad, mientras que la Fiscalía General del Estado inició investigaciones para esclarecer los hechos y detener a los responsables. Sin embargo, la respuesta institucional fue percibida por muchos como insuficiente. Los desplazados denunciaron la falta de medidas efectivas para garantizar su seguridad y el retorno a sus hogares.
En varias asambleas realizadas en los albergues, la mayoría de los afectados expresó su decisión de no regresar hasta que se detuviera a los agresores y se ofrecieran garantías jurídicas sobre la tenencia de sus tierras.
LA MARCHA CONMEMORATIVA
Un año después de los hechos, los habitantes de Tila se reunieron nuevamente para recordar a las víctimas y exigir justicia. La marcha, que recorrió las principales calles del pueblo, estuvo marcada por el silencio y la reflexión. Los manifestantes portaron globos blancos y carteles con mensajes como “Exigimos justicia para nuestro pueblo de Tila” y “Gracias a la Sedena por el apoyo que nos brindaron en el desplazamiento”. Uno de los organizadores, que pidió el anonimato, señaló que el objetivo de la movilización era pedirle al Gobierno que no se olvide de Tila y que se agilicen los procesos para la elección de los directivos del comisariado ejidal, dado que “ello servirá para tener autoridades con quién dialogar para la recomposición del tejido social y el desarrollo del pueblo”.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Aunque más del 60 por ciento de los desplazados han regresado a sus hogares, muchos aún viven con temor y desconfianza. La falta de una solución definitiva al conflicto por la tenencia de la tierra y la presencia de grupos armados siguen siendo una amenaza latente. Las autoridades estatales y federales han prometido reforzar la seguridad y apoyar en la reconstrucción de viviendas y enseres, pero los pobladores exigen acciones concretas y resultados tangibles.
La tragedia de Tila es un reflejo de la violencia estructural que afecta a muchas comunidades rurales en México. La disputa por la tierra, la debilidad del Estado y la presencia de grupos armados han generado un caldo de cultivo para el conflicto y la violación de derechos humanos. Un año después del éxodo forzado, los habitantes de Tila siguen buscando justicia, reparación y garantías de seguridad. Su lucha es también la lucha de muchas otras comunidades que, en silencio, enfrentan situaciones similares. Es imperativo que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y brinde soluciones efectivas para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos en todas las regiones del país.
Más de 12 mil personas desplazadas del municipio de Tila, Chiapas, salieron a las calles en una multitudinaria marcha pacífica para exigir justicia y denunciar la creciente presencia de grupos delictivos en la región. La manifestación fue organizada y respaldada por el Centro de Derechos Digna Ochoa, organización que ha acompañado a las víctimas de violencia y desplazamiento forzado en la zona.
Según información proporcionada por el Centro Digna Ochoa, los manifestantes son en su mayoría familias indígenas choles que han abandonado sus hogares debido a amenazas, violencia armada y enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control del territorio.
Durante la movilización, los desplazados exigieron aGobierno estatal y federal una intervención inmediata para garantizar la seguridad en Tila, así como condiciones dignas para su retorno. Portando pancartas y alzando la voz con consignas de paz, los participantes denunciaron la omisión de las autoridades ante una situación que calificaron como una crisis humanitaria.
“Queremos volver a nuestras tierras, a nuestras casas. No somos delincuentes, somos campesinos y familias que solo quieren vivir en paz”, expresó uno de los voceros del movimiento.
El Centro de Derechos Digna Ochoa advirtió que la situación en Tila se ha vuelto insostenible y urgió a las autoridades a investigar y desarticular a los grupos armados que operan con impunidad en la región. Asimismo, llamó a brindar atención integral a los miles de desplazados que actualmente sobreviven en condiciones precarias.
La marcha de los desplazados de Tila es una de las movilizaciones más numerosas registradas en los últimos años en el norte de Chiapas, reflejo del hartazgo y la desesperación de comunidades enteras que exigen justicia, seguridad y el derecho a vivir sin miedo.
NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
A 15 días del desplazamiento forzado de más de cuatro mil indígenas choles del municipio de Tila, en la región norte del estado de Chiapas, la situación continúa siendo crítica. A pesar de los patrullajes realizados por autoridades de Seguridad Pública y la presencia de fuerzas armadas federales como el Ejército y la Guardia Nacional, la amenaza persiste y el regreso de los desplazados a sus hogares sigue siendo incierto.
El Comité Digna Ochoa, organización de defensa de derechos humanos con sede en San Cristóbal de Las Casas, denunció que aún no existen condiciones para un retorno seguro. “No hay garantías de seguridad para que las familias vuelvan a sus casas”, afirmó Luis Alonso Abarca González, coordinador del comité, en entrevista.
Según datos recabados por el Comité Digna Ochoa y otras organizaciones civiles, el número de desplazados ha superado los 12 mil, una cifra alarmante que refleja la magnitud de la crisis. Las comunidades afectadas se han refugiado principalmente en Petalcingo y Yajalón, donde sobreviven en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios de salud, alimentación, agua potable ni seguridad.
Aunque Gbierno estatal y federal han desplegado efectivos militares y elementos de la Guardia Nacional en la región, las denuncias de amenazas y violencia continúan. “Los grupos armados siguen operando con total impunidad en la zona. No basta con la presencia del Ejército si no hay una estrategia clara de desarme y desarticulación de estos grupos”, agregó Abarca González.
El temor entre los desplazados crece cada día. El caso más reciente es la ejecución de una persona que había sido reportada como desaparecida y que formaba parte de los desplazados, un hecho que ha generado más angustia y ha inhibido cualquier intento de retorno por parte de las familias desplazadas.
La violencia que derivó en este desplazamiento masivo tiene raíces profundas y complejas, enmarcadas en conflictos territoriales, disputas políticas y presencia de grupos armados que han operado en la región desde hace años. Aunque los detalles aún se investigan, diversas fuentes señalan que se trata de enfrentamientos entre grupos de poder local que buscan el control del territorio, muchas veces con vínculos en estructuras criminales.
Tila es una comunidad emblemática del pueblo chol, un municipio con una rica historia de lucha por la autonomía y el respeto a sus formas de organización indígena. Esta situación ha agravado la ya frágil situación social y económica de la zona, históricamente marginada y olvidada por el Estado.
“Para que se dé un retorno seguro primero deberá haber un diálogo real y efectivo con todas las partes involucradas”, expresó Abarca González. “No puede hablarse de regreso mientras no se aborden las causas estructurales del conflicto, se desmantelen los grupos armados y se establezcan garantías mínimas de seguridad para las comunidades indígenas”.
El Comité Digna Ochoa ha hecho un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que intervengan y vigilen la situación en Tila.
También han pedido a Gobierno federal que adopte medidas integrales de atención humanitaria y protección para las personas desplazadas.
A pesar de la gravedad de la situación, la crisis en Tila ha recibido escasa atención mediática y gubernamental a nivel nacional. Las organizaciones que trabajan en el terreno advierten que la emergencia humanitaria está siendo minimizada y que la falta de visibilidad podría agravar aún más la situación.
“Estamos ante un desplazamiento masivo de población indígena que se encuentra completamente vulnerable. El silencio de las autoridades y la sociedad es un acto de violencia más”, denunció Abarca González.
A 15 días del inicio del desplazamiento forzado en Tila, miles de familias siguen sin hogar, sin atención y sin un horizonte claro. La violencia sigue latente, y las promesas de seguridad no se han materializado en hechos. En tanto no se tomen medidas efectivas y se establezca un diálogo que incluya a las comunidades desplazadas, la crisis en la región norte de Chiapas continuará siendo una herida abierta en el corazón de los pueblos indígenas.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de autoridades comunales, federales, militares y del Congreso, señalando que este camino representa una nueva forma de concebir las obras públicas.
