Con un aumento alarmante en ataques y desapariciones, el estado vive un escenario donde la defensa del territorio es una tarea de riesgo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, defender los derechos humanos no solo es un acto de compromiso, sino una actividad que puede costar la vida. En lo que va del año, más de 100 personas defensoras del territorio y los derechos fundamentales han sido agredidas en distintos puntos del estado. El riesgo no distingue entre activistas independientes, integrantes de organizaciones civiles o líderes comunitarios; la violencia se ha vuelto una constante que no da tregua.
Este año electoral ha sido el más violento de la última década en la entidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al menos 515 personas candidatas renunciaron a sus aspiraciones por temor a represalias, y no se instalaron más de 100 casillas en zonas donde la inseguridad impidió el ejercicio del voto. La violencia política ha contaminado el espacio público y cerrado caminos a quienes buscan ejercer la participación democrática.
El panorama es más grave al observar el desplazamiento forzado, más de cuatro mil personas han huido de sus hogares desde 2023, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH). Municipios como Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia siguen siendo zonas rojas donde el abandono institucional es evidente. En estos territorios, quienes alzan la voz por la tierra y el agua, se convierten en blanco.
A la persecución física se suma el miedo persistente de no saber quién está detrás. En siete de cada 10 agresiones no hay un responsable identificado, y el resto apuntan a instituciones de seguridad, gobiernos locales o actores armados ilegales. Según la Fiscalía General de la República
(FGR), menos del cinco por ciento de estos delitos contra personas defensoras en el país llegan a sentencia condenatoria, lo que convierte a la impunidad en el mejor aliado de los agresores.
Frente a este contexto, organizaciones locales como El Obse han decidido mapear y documentar estos hechos, aún con las amenazas encima. Cada dato validado implica un riesgo, pero también es un acto de resistencia. Pese al miedo, hay quienes nombran lo que muchos prefieren callar, que en Chiapas se agrede, se persigue y se mata a quienes luchan por justicia, mientras el Estado sigue sin garantizar la vida y la integridad de quienes defienden derechos.
