Destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional como pieza clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El pasado domingo 8 de junio, la frontera entre Chiapas y Guatemala volvió a ser escenario de un violento episodio que expone la creciente influencia del crimen organizado en la región sur del país. En un operativo encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), fue abatido Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Balde”, fundador y líder del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCG), presuntamente aliado a una importante célula criminal mexicana. El operativo, que comenzó en territorio mexicano, se extendió de manera polémica hacia Guatemala, derivando en un conflicto diplomático entre ambas naciones.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Baldemar era uno de los objetivos prioritarios debido a su papel como operador clave de la red criminal que desde hace más de un año ha intensificado su presencia en la región fronteriza, desatando una lucha territorial entre dos relevantes grupos del crimen organizado. La muerte de Don Balde marca un punto de inflexión en esa disputa, pero también evidencia la fragilidad institucional y el aumento de la violencia transfronteriza.
Baldemar Calderón Carrillo, mejor conocido en el submundo criminal como “Don Balde” o “El Tío”, tejió durante años una red de influencia que conectó a pequeños grupos delictivos locales con grandes grupos delictivos mexicanos. De hablar pausado y perfil discreto, “Don Balde” consolidó su liderazgo en la región de Frontera Comalapa, extendiendo su poder hacia el departamento guatemalteco de Huehuetenango, donde operaba sin mayores obstáculos gracias a una mezcla de intimidación, cooptación de autoridades locales y alianzas con exmilitares conocidos como kaibiles.
De acuerdo con Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, Don Balde era “el jefe de plaza que tenía el control en Guatemala y era encargado de reclutar a los kaibiles; él movía toda la logística”. Bajo su mando, el CCG se convirtió en una franquicia paramilitar que ofrecía protección, sicariato, tráfico de armas y estupefacientes al servicio del crimen organizado.
LA EMBOSCADA DEL 2 DE JUNIO: EL DETONANTE
El asesinato de Don Balde fue, en parte, una respuesta al brutal ataque ocurrido el lunes 2 de junio, cuando una patrulla estatal fue emboscada y calcinada, resultando en la muerte de cinco policías. Autoridades chiapanecas atribuyeron esta acción directamente a miembros del CCG bajo órdenes de Calderón Carrillo. Ese hecho precipitó la operación del domingo, descrita por Aparicio como “contundente” y necesaria para evitar una escalada aún mayor de violencia.
“El operativo demuestra la valentía, el arrojo y la capacitación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. No vamos a salirnos de Frontera Comalapa”, enfatizó Aparicio en entrevista telefónica. Sin embargo, lo que debía ser una acción táctica se convirtió en un incidente diplomático internacional.
Durante la confrontación armada del domingo 08 de junio, los “Pakales” cruzaron el límite fronterizo a la altura del puerto Cuauhtémoc-La Mesilla, adentrándose en territorio guatemalteco en una persecución que culminó con la muerte de cuatro presuntos sicarios, entre ellos “Don Balde”. Videos en redes sociales mostraron a militares guatemaltecos presentes en el lugar, sin intervenir, lo que ha generado sospechas sobre posibles vínculos entre estos y el CCG.
Aunque las autoridades chiapanecas justificaron la incursión como una “acción inmediata de reacción”, la Cancillería mexicana tuvo que ofrecer una disculpa oficial por la violación territorial. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Gobierno de Guatemala el mismo día, reconociendo los hechos y reafirmando su compromiso con la soberanía mutua.
Del otro lado de la frontera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió una fuerte protesta, calificando la acción como una incursión militar no coordinada que puso en riesgo a civiles en una zona urbana y comercial. El Gobierno guatemalteco exigió una investigación inmediata y exhortó a profundizar los mecanismos de seguridad bilateral a través del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).
¿QUÉ ES EL CÁRTEL DE CHIAPAS Y GUATEMALA?
Estas organizaciones son una estructura híbrida que surgió como brazo armado de otra células delictivas en la frontera sur. Su aparición oficial fue detectada por las autoridades en 2024, aunque operaba de forma encubierta desde años atrás. Su papel ha sido fundamental en la lucha por el control de las rutas del narcotráfico y migración que atraviesan Chiapas, Suchiate, Comitán y La Mesilla, extendiéndose hasta Quetzaltenango y otras regiones del altiplano guatemalteco.
Este grupo no solo está involucrado en tráfico de estupefacientes, sino también en extorsión, trata de personas, tráfico de armas y control territorial por medio del terror. Baldemar Calderón utilizaba su conocimiento del terreno y sus contactos con grupos armados en Guatemala para establecer una ruta segura de transporte entre Centroamérica y México, facilitando el paso de cargamentos para el crimen organizado.
Frente a las críticas y la tensión diplomática, el Gobierno chiapaneco ha cerrado filas. El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, expresó su respaldo total a la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. “Se están tomando decisiones firmes para apaciguar a Chiapas”, declaró el legislador, reconociendo la labor de la FRIP y solidarizándose con las familias de los policías caídos.
La postura institucional, sin embargo, contrasta con la creciente preocupación internacional. Organismos de derechos humanos y analistas en seguridad fronteriza han cuestionado el uso de fuerzas estatales para acciones de persecución extraterritorial, señalando que este tipo de operativos pueden desestabilizar la ya tensa relación entre México y Guatemala.
En el marco del compromiso por garantizar la paz y tranquilidad del pueblo chiapaneco, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
Durante el encuentro, se intercambiaron estrategias y acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el estado de Chiapas, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional como pieza clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.
En la Nueva ERA de Chiapas, se trabaja de manera unida y decidida bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el firme propósito de construir un entorno más seguro y próspero para todas y todos.
Con la muerte de Don Balde, se abre un nuevo capítulo en la disputa criminal en el sur de México. Lejos de suponer el fin del CCG, analistas advierten sobre una posible reconfiguración violenta de la estructura del grupo, con facciones internas compitiendo por el liderazgo y grupos rivales, buscando avanzar en su influencia.
El aseguramiento de cuatro camionetas (tres blindadas), armamento pesado y lanzagranadas tras el operativo es un testimonio del poder de fuego con el que contaban los abatidos. Las autoridades estatales aseguran que el combate continuará, y que Frontera Comalapa seguirá siendo prioridad.
Mientras tanto, la sociedad civil de la región vive bajo asedio, atrapada entre grupos delictivos, violencia institucional, y una frontera que más que separar, se ha convertido en una zona gris de impunidad, crimen y sangre.
La operación que culminó con la muerte de Baldemar Calderón Carrillo es apenas una victoria parcial en un conflicto más amplio. La frontera entre Chiapas y Guatemala se ha transformado en un campo de batalla donde el Estado mexicano busca recuperar el control perdido, pero lo hace en medio de tensiones internacionales, estrategias improvisadas y un tejido social profundamente erosionado.
La muerte de “Don Balde” puede ser símbolo de la ofensiva gubernamental, pero también es reflejo de una guerra sin final claro, donde cada avance parece venir acompañado de un nuevo riesgo. El sur del país, históricamente olvidado, hoy se convierte en el frente más delicado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción transnacional.
