Un impuesto a los envíos desde Estados Unidos podría llevar a miles de hogares a usar métodos menos seguros
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El flujo de remesas hacia Chiapas no solo representa un símbolo de vínculo emocional con quienes migran, sino también una fuente vital de subsistencia para cientos de miles de hogares. Por ello, el debate sobre la posible implementación de un impuesto al envío de dinero desde Estados Unidos no es solo una cuestión económica, amenaza con desestabilizar una estructura social ya frágil y dependiente. En estados como Chiapas, donde el 18.6 por ciento de los hogares recibe remesas, las consecuencias no serían menores.
Proponer aranceles a las remesas implica desconocer que estas no son ingresos extraordinarios, sino paliativos cotidianos. En 2023, La región captó más de dos mil 400 millones de dólares, consolidándose como el quinto estado del país con mayor recepción. Lejos de ser capital para inversión o ahorro, más del 80 por ciento de esos recursos se destinan a cubrir alimentación, salud y vivienda. Imponer un costo adicional sobre esta vía sería cargarle un peso extra a quienes ya sobreviven con lo justo.
Además del impacto directo, este tipo de medidas podría fomentar vías alternas e ilegales para el envío de recursos, lo que debilitaría el sistema bancario formal y dando paso al efectivo no regulado. Hoy en día, el 99 por ciento de las remesas se transfiere de forma electrónica, lo cual brinda transparencia y trazabilidad. Penalizar estos envíos solo abriría la puerta a canales informales, donde no hay garantía ni protección para quienes los usan.
En un estado donde el 67.4 por ciento de la población vive en pobreza y el 24.4 por ciento en pobreza extrema, no se trata solo de números, se trata de consecuencias humanas. La falta de opciones formales y económicas claras empuja a miles hacia la informalidad como último recurso. El impuesto a las remesas no resolvería una crisis, sino que la empujaría hacia una forma más oculta y riesgosa.
El planteamiento de nuevas políticas fiscales debería estar acompañado de una lectura sensible de la realidad. Castigar a quienes sostienen economías locales con su trabajo en el extranjero es injusto. La comarca, relegada en el mapa económico, no puede pagar el precio de una medida nacional mal dirigida. El camino no está en dificultar el envío de remesas, sino en potenciar sus efectos con una visión productiva y estructural.
