Falta de recursos, corrupción y baja prioridad política impiden que existan programas sólidos de prevención, rescate y reinserción escolar
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
A la sombra de una realidad que pocas veces ocupa las primeras planas, Chiapas se posiciona como la segunda entidad federativa con mayor incidencia de trabajo infantil en México, una condición que refleja tanto las profundas desigualdades sociales como la ausencia de políticas eficaces para garantizar los derechos fundamentales de la infancia. Así lo revela la más reciente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según los datos de la ENTI, en Chiapas hay 769 mil 600 niñas, niños y adolescentes entre cinco y 17 años que realizan alguna forma de actividad laboral. Esta cifra solo es superada por Guerrero, otro estado históricamente marcado por la pobreza estructural, la marginación y la precariedad educativa. El dato es alarmante, más de uno de cada cuatro menores en el estado está involucrado en trabajos que, en muchos casos, los expone a riesgos físicos, violencia, deserción escolar y explotación.
El fenómeno del trabajo infantil en México no es nuevo, pero sus dimensiones actuales son motivo de seria preocupación. A nivel nacional, se estima que residen 28.4 millones de menores de edad en el rango de cinco a 17 años. De este total, 3.7 millones —el 13.1 por ciento— se encuentran en situación de trabajo infantil, una cifra que representa un desafío directo al marco legal mexicano e internacional, que protege a la infancia del trabajo prematuro e insalubre.
De los 3.7 millones de menores en situación de trabajo infantil, más de dos millones realizaban ocupaciones prohibidas por su edad. Estas incluyen actividades peligrosas, jornadas extenuantes o trabajos en contextos inadecuados como minas, basureros o agricultura intensiva con uso de pesticidas. Por otra parte, alrededor de 1.9 millones de menores se dedicaban a quehaceres domésticos en condiciones inapropiadas, lo cual representa el 6.7 por ciento de la población infantil nacional.
En Chiapas, los niños y adolescentes que trabajan lo hacen en múltiples sectores: agricultura, comercio informal, albañilería, transporte, y hasta en labores domésticas dentro y fuera de sus hogares. En comunidades rurales, muchos menores acompañan a sus padres a los campos de cultivo, donde participan en jornadas que inician antes del amanecer y concluyen al atardecer. En las ciudades, es común verlos vendiendo productos en las calles, limpiando parabrisas o trabajando en talleres mecánicos.
Una de las expresiones más visibles de esta realidad son los menores que trabajan en los semáforos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas o Tapachula. Con apenas ocho o nueve años, muchos ofrecen dulces, limpian autos o piden limosna. La mayoría lo hace para contribuir al ingreso familiar, en hogares donde el desempleo, informalidad y falta de apoyos sociales son la norma.
La alta incidencia de trabajo infantil en Chiapas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un conjunto de factores estructurales que se entrelazan: pobreza extrema, rezago educativo, discriminación étnica, y debilidad institucional.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Chiapas es una de las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza (más del 70 por ciento). Esta situación obliga a muchas familias a recurrir al trabajo infantil como estrategia de sobrevivencia, particularmente en comunidades indígenas, donde el acceso a servicios públicos básicos como salud, educación y agua potable es limitado o inexistente.
Además, el rezago educativo es alarmante: muchos menores abandonan la escuela para dedicarse al trabajo, o alternan ambas actividades en detrimento de su desarrollo académico. En algunos casos, la distancia entre la comunidad y la escuela, la falta de transporte y la escasa oferta de educación bilingüe para niños indígenas representan barreras insalvables.
Otra forma de trabajo infantil poco visibilizada pero profundamente arraigada en Chiapas es el trabajo doméstico en condiciones inadecuadas, que afecta a 1.9 millones de menores a nivel nacional. Niñas —en su mayoría— son enviadas por sus familias a casas de terceros para realizar labores del hogar, muchas veces a cambio de techo y comida. Estas niñas quedan expuestas a jornadas extenuantes, aislamiento, maltrato físico o psicológico e, incluso, abusos sexuales, sin acceso a mecanismos de protección o denuncia.
El trabajo doméstico infantil se invisibiliza fácilmente: ocurre dentro de los hogares, está socialmente normalizado y es considerado por algunos como un acto de “ayuda” o “formación”, cuando en realidad representa una violación grave a los derechos humanos de la infancia.
A pesar de que México cuenta con un marco legal robusto en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes —incluyendo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y convenios internacionales como el 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, la aplicación efectiva de estas normas en entidades como Chiapas es deficiente.
La falta de recursos, la corrupción y la baja prioridad política del tema impiden que existan programas sólidos de prevención, rescate y reinserción escolar. En muchos casos, las instituciones responsables de la protección de la infancia carecen de personal capacitado, mecanismos de monitoreo y presupuestos suficientes.
Además, existe una débil articulación interinstitucional. La erradicación del trabajo infantil requiere un enfoque integral que involucre a los sectores de educación, salud, desarrollo social, trabajo, justicia y derechos humanos. En Chiapas, la fragmentación de esfuerzos ha generado programas aislados, sin seguimiento ni impacto sostenido.
Frente a esta realidad, especialistas y organizaciones civiles hacen un llamado urgente a transformar las condiciones estructurales que perpetúan el trabajo infantil. Se necesita una política pública estatal integral, con metas claras, financiamiento suficiente y participación activa de las comunidades, especialmente de los pueblos indígenas.
También es fundamental fortalecer los programas de transferencias condicionadas, como las becas escolares o apoyos alimentarios, que reduzcan la presión económica sobre las familias. La educación debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho real y accesible para todos los niños y niñas chiapanecos.
Chiapas, con su riqueza cultural, biodiversidad y legado histórico, no puede seguir siendo también uno de los rostros más dolorosos del trabajo infantil en México. Mientras miles de niñas y niños se ven forzados a trabajar desde temprana edad, se pierden oportunidades de desarrollo, se perpetúan ciclos de pobreza y se vulneran derechos fundamentales.
La erradicación del trabajo infantil no es solo un mandato legal: es un imperativo ético, social y humano. En palabras de Nelson Mandela, “no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños”. Chiapas, y México entero, tienen aún mucho que revelar. Y mucho por cambiar.
Una reciente encuesta ha revelado datos alarmantes sobre el trabajo infantil en México, destacando una marcada brecha de género y una alta concentración de menores en ocupaciones no permitidas, especialmente en entidades como Chiapas, Guerrero y Nayarit.
Según los datos, el 71.9 por ciento de quienes realizan trabajos que no están permitidos por la ley son niños, mientras que solo el 28.1 por ciento son niñas. Sin embargo, este dato no implica una menor vulnerabilidad femenina: el 17.6 por ciento de las niñas en esta situación también se ven forzadas a realizar quehaceres domésticos en condiciones inapropiadas para su edad y que no garantizan su seguridad ni su bienestar integral.
El informe señala que Chiapas, Guerrero y Nayarit no solo lideran en número absoluto de menores trabajadores, sino también en tasas de ocupación infantil en actividades prohibidas por la normativa vigente. Esta situación refleja profundas desigualdades estructurales y una persistente falta de oportunidades que empuja a miles de menores a incorporarse prematuramente al mundo laboral.
Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y especialistas en desarrollo social advierten que estos indicadores deben tomarse como un llamado urgente a reforzar las políticas públicas. Es imperativo, señalan, garantizar el acceso a la educación, fortalecer los programas de apoyo familiar y erradicar las condiciones sociales y económicas que perpetúan el trabajo infantil en diversas regiones del país.
Mientras tanto, comunidades enteras siguen enfrentando una dura realidad: niñas y niños que, en lugar de estar en la escuela, juegan roles impropios de su edad, poniendo en riesgo no solo su presente, sino también su futuro.
