La rápida intervención de emergencias evitó una tragedia, pero evidenció el riesgo que enfrentan las comunidades cercanas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La colonia Pacto Obrero, en el municipio de Reforma, estuvo a punto de enfrentar una tragedia por el corte intencional de una tubería de Petróleos Mexicanos (Pemex) que liberó una peligrosa mezcla de agua y gas. La acción, atribuida a vándalos que usaron una segueta para dañar el ducto, dejó expuestas las condiciones de riesgo extremo que enfrentan comunidades asentadas junto a la infraestructura energética del país. Aunque no hubo víctimas, el episodio puso en jaque la seguridad de cientos de familias.
La intervención inmediata de unidades de emergencia de Pemex evitó un desastre mayor, pero dejó al descubierto una problemática que va en aumento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2023 se registraron más de 13 mil tomas clandestinas en ductos de Pemex a nivel nacional, de las cuales más de 300 se detectaron en Chiapas. La cifra reflejó una tendencia creciente en el vandalismo energético, con graves implicaciones ambientales, económicas y humanas.
A diferencia del robo de combustible, los ataques como el ocurrido en Reforma no buscan lucro inmediato, sino obedecen a dinámicas de vandalismo o disputas territoriales. Pemex reportó pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos durante el último año derivadas de daños en ductos y redes de distribución, muchas veces provocados sin que medie una toma clandestina formal, sino por actos de sabotaje o negligencia.
El riesgo se agrava si estos hechos ocurren en zonas irregulares como Pacto Obrero, donde la falta de planeación urbana y la proximidad de viviendas a ductos convierte cualquier fuga en una amenaza latente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 2.4 millones de mexicanos habitan en asentamientos no regularizados, muchos de ellos colindantes con infraestructuras críticas, sin protocolos de protección civil eficaces.
El ducto afectado, de ocho pulgadas de diámetro y conectado al complejo petroquímico Cactus, fue reparado tras más de 12 horas de trabajos ininterrumpidos. Mientras tanto, crece la exigencia a las autoridades para reforzar la vigilancia en estas zonas, prevenir nuevos sabotajes y generar condiciones mínimas de seguridad en comunidades vulnerables.
