En lugar de protegerlas, el sistema utiliza a este sector poblacional como blanco fácil para mostrar resultados inmediatos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En el entramado judicial mexicano, las mujeres indígenas han sido convertidas en cifras útiles para maquillar resultados. No se trata de casos aislados ni de errores del sistema, sino de una práctica estructural que aprovecha su invisibilidad para convertirlas en culpables rápidas, aunque no sean responsables. En estados como Chiapas, donde el 27.8 por ciento de la población es indígena de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020), la justicia no llega con traductores, ni con perspectiva de género, ni con la interculturalidad que el marco legal promete.
La integrante de la colectiva Cereza, Ángeles Montejo, señaló que el sistema judicial no solo falla en proteger los derechos de las mujeres indígenas, sino que reproduce las violencias que dice combatir. La falta de intérpretes en juicios, el desconocimiento de sus contextos sociales y la aplicación de penas desproporcionadas son constantes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), más del 40 por ciento de las mujeres indígenas presas no contaron con defensa adecuada durante sus procesos.
Montejo advirtió que el uso político de las estadísticas de seguridad convierte a estas féminas en blancos fáciles para inflar cifras y aparentar eficacia institucional. Un informe del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reveló que el 62 por ciento de las mujeres privadas de libertad reportaron haber sufrido algún tipo de violencia durante su detención, incluyendo amenazas y abusos por parte de autoridades.
La renovación del Poder Judicial, impulsada desde el ámbito federal, abre la esperanza para que los derechos humanos no solo se enuncien en el papel, sino que se apliquen en la sala de audiencias. Sin embargo, mientras no sea obligatoria la formación de jueces en perspectiva de género e interculturalidad, el problema persistirá. De acuerdo con el Inegi en su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), solo el 9.2 por ciento de los funcionarios judiciales ha recibido capacitación formal en perspectiva de género.
La justicia que se mide por cantidad de sentencias dictadas, y no por su calidad, criminalizará a quienes menos pueden defenderse. Las mujeres indígenas no deben ser el saldo de una justicia que acumula números para justificar su funcionamiento. Son personas con historias, contextos y derechos que hoy siguen sin ser reconocidos en el ejercicio real del derecho.
