Una mujer escritora
Mientras las mujeres vemos cómo nuevas formas de violencia comienzan a gestarse a nivel mundial contra nosotras, como lo informó la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reem Alsalem, el pasado 23 de mayo en el documento Violencia por razón de sexo contra mujeres y niñas: nuevas fronteras y cuestiones emergentes, el pasado 17 y 18 de junio de este año, tuvo lugar la sustentación del X Informe Periódico del Estado mexicano ante el Comité CEDAW en el marco del 91 período de sesiones de la de la ONU.
El Comité CEDAW es internacional, lo conforman 23 especialistas independientes que trabajan en la protección de los derechos de las mujeres, además de garantizar que no sean discriminadas en ningún ámbito de la vida. Supervisa que cada Estado Parte aplique la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como parte de sus políticas públicas. CEDAW fue aprobada en la ONU el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. En México se firmó en 1980 y fue ratificada el 23 de marzo de 1981. La Convención es considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres.
CEDAW señala y también se opone a los efectos que la discriminación produce contra las mujeres, entre ellos: violencia, pobreza, falta de protección legal o acceso a la salud. Los países que han ratificado el tratado deben informar sobre las políticas públicas que han implementado para cumplir lo que la Convención mandata. Hasta el 2018, el Gobierno mexicano había presentado nueve informes periódicos. Este año presentó el informe número 10.
MÉXICO NO APROBÓ EL X INFORME PERIÓDICO ANTE LA CEDAW
La cantidad de observaciones recibidas son preocupantes. Por ejemplo, se resaltó que la Constitución Mexicana, aunque prohíbe toda forma de discriminación y reconoce el principio de igualdad, no incluye una definición de discriminación contra la mujer como lo establece CEDAW, además, la justicia con perspectiva de género no se aplica. Casos graves de violencia contra mujeres y niñas (incluidos feminicidios) no se resuelven con perspectiva de género y no hay quien vigile de forma autónoma estas situaciones, sobre todo ahora que organismos como la CONAVIM, responsable de la vigilancia y de las alertas de género, desapareció.
La delegación mexicana encabezada por Citlalli Hernández Mora, responsable de la Secretaría de las Mujeres, estuvo acompañada por representantes de diversas instituciones gubernamentales para responder a los cuestionamientos del Comité CEDAW. Posteriormente, organizaciones civiles presentaron los denominados informes sombra, los cuales muestran una visión completamente diferente a la que narró el Estado. Hernández Mora justificó los retrocesos que ha generado el partido en el poder respecto a los derechos de las mujeres, bajo la premisa de que la transformación que operan, tomará tiempo para dar resultados.
LA REALIDAD QUE EL GOBIERNO NO QUIERE VER
23 organizaciones no gubernamentales, grupos de defensa y otras entidades de la sociedad civil participaron con informes sombra en el X Informe Periódico de México. Los informes sombra son documentos que destacan áreas en donde el Gobierno ha fallado, no ha cumplido o ha implementado medidas inadecuadas para su resolución. Estos se basan en datos y evidencias, por lo que incluyen estadísticas, estudios de caso y testimonios, para respaldar sus hallazgos.
Entre las temáticas señalas en los informes sombra se encuentran: la militarización del país que aumenta cada día (militarización que por supuesto la delegación mexicana negó); la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la exclusión que sufren las trabajadoras agrícolas, sobre todo aquellas de origen afrodescendiente o indígenas, se señaló que la desaparición de mujeres y niñas va en aumento y que no es el Estado quien las busca sino sus familias; tampoco se vislumbran cambios en el paradigma de la violencia sexual. Se dio a conocer que el Estado no es capaz de garantizar la vida e integridad de las mujeres, tampoco se brinda protección a defensoras de derechos humanos, y se ha retrasado el derogar leyes que privan en automático la libertad de las mujeres, contrario a ello, el Gobierno de México incrementó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva desde el pasado 31 de diciembre de 2024.
La Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y la Global Alliance Media and Gender fue uno de los organismos civiles que presentó un informe alternativo en el que hace hincapié en la forma en que el Estado de a poco, elimina la especificidad sexogenérica del derecho de las mujeres en diversos documentos, lo que las coloca en una posición de vulnerabilidad frente a otros actores, ya que no se habla de mujeres sino de personas, con lo que la conceptualización de la mujer como sujeto político y categoría se está diluyendo.
POSTERIORMENTE LES COMPARTIMOS DATOS
La delegación del Gobierno mexicano respondió las preguntas que las y los especialistas de la CEDAW realizaron pero la diferencia era evidente. Mientras el Comité manejaba cifras y datos duros en sus cuestionamientos, la delegación mexicana solo se comprometía a enviar posteriormente por escrito los datos que solicitaban. Por ejemplo, Ana Peláez Narváez, vicepresidenta del Comité CEDAW de Naciones Unidas fue la responsable del análisis del artículo 12 que habla sobre las mujeres y el acceso a la salud.
Si bien Peláez reconoció algunos avances en el tema de la salud sexual y reproductiva, cuestionó abiertamente los retrocesos que se han originado a raíz de los cambios que el Estado mexicano ha implementado en relación al acceso a la salud. Entre los temas que abordó se encuentran la violencia obstétrica, el derecho al aborto, la atención a mujeres discapacitadas y la atención a la salud mental de víctimas de violencia (sobre todo de las infancias en relación a la violencia vicaria).
La delegación mexicana fue cuestionada en torno al impacto que generó desmontar todo un sistema de salud que había logrado un desarrollo para beneficio de las mujeres. Peláez solicitó se informara cómo se garantiza hoy la salud de las mujeres en los hospitales estatales luego de la desaparición del Seguro Popular, lo que obliga a muchas de ellas a buscar atención en hospitales privados que las mujeres pobres no pueden pagar. También cuestionó por qué si ya se contaba con un sistema de vacunación funcionando al 100, este se desplomó a un 28 por ciento en 2021; respecto a la tasa de mortalidad de cáncer de mama, señaló que mientras en 2018 la Secretaría de Salud practicó 2450 mastografías, en 2021 solo hubo 210, lo que reflejó un incremento del cáncer de mama en un cuatro por ciento.
La respuesta de Citlalli Hernández fue simple; como ha sucedido los últimos cinco años, el partido en el poder responsabilizó del déficit de atención a la salud de las mujeres a la pandemia por Covid, dijo que de a poco el Gobierno está recuperando números, solo no explicó cómo.
La especialista de CEDAW reconoció avances ante la violencia obstétrica pero hizo hincapié en que las mujeres siguen enfrentando discriminación. Solicitó también una respuesta sobre el problema actual de desabasto de medicamentos y su impacto en mujeres y niñas, la falta de atención a mujeres con discapacidad y cómo están resolviendo los problemas que enfrentan las mujeres que viven en zonas rurales o alejadas de las ciudades que no tienen acceso a la salud, ya sea porque se carece de infraestructura para atenderlas o bien por discriminación derivado de los estereotipos de género que continúan vigentes entre la población. También pidió información sobre las esterilizaciones forzadas y con qué servicios se cuenta para la atención de niños y niñas que viven violencia vicaria. La delegación entregó algunos datos, pero la respuesta más burda fue la más utilizada: posteriormente les hacemos llegar datos por escrito.
Los problemas de acceso a la salud y de discriminación contra las mujeres no son casos aislados; en en México los informativos y redes sociales reportan regularmente casos de mujeres embarazadas a quienes se les niega la atención médica por lo que terminan pariendo en la calle, en un automóvil o en una banqueta. En Chiapas también sucede. La cantidad de videos en redes sociales, de mujeres a punto de parir y que no son atendidas, es muestra de ello.
Hace unos días en San Cristóbal de Las Casas, una mujer indígena por poco tiene a su bebé en un parque debido a que le negaron el acceso al Hospital de la Mujer del que salió porque el médico le ordenó caminar; de no ser por la presión de las personas que se encontraban en el parque y que grabaron el proceso del parto, su bebé habría nacido en la calle. ¿Y sabe a quién responsabilizan de esto? A ella, por salir del nosocomio a caminar en el parque, cuando la obligación de un hospital público es atender a cualquier mujer que llegue en proceso de parto.
Si bien CEDAW observó mejoras a México, la realidad es que este año no presentó estadísticas que acrediten los resultados que la delegación expuso, no hay datos desagregados de las víctimas de feminicidio, de mujeres desaparecidas o cifras que avalen los resultados de las medidas implementadas por el Gobierno. Durante el mes de julio estaré presentando los resultados de los informes sombra, dados a conocer ante la CEDAW.
