Usuarios coincidieron en la necesidad de establecer reglas y medidas de seguridad en aplicaciones como Uber y Didi
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el respaldo al uso de plataformas tecnológicas en el transporte público ya no es un tabú. Representantes de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado han dejado claro que no se oponen a las aplicaciones como Uber o Didi, siempre y cuando operen bajo reglas precisas que garanticen legalidad, seguridad y tarifas justas. La reforma a la Ley de Movilidad abre la puerta, pero el verdadero desafío ahora es su aplicación.
El reclamo no es menor, con alrededor de 30 mil unidades concesionadas en el estado, según datos del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, el mismo número de vehículos operaría en la actualidad en plataformas digitales sin regulación formal. La competencia desleal, señalaron transportistas, ha generado una “agonía operativa” para quienes sí cumplen con permisos y obligaciones fiscales.
La falta de control tarifario es otro punto crítico. Mientras las aplicaciones ajustan sus precios según algoritmos y demanda, los taxis concesionados mantienen tarifas fijas, lo que genera desventajas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023, el 45 por ciento de los usuarios del transporte público en la entidad reportó inconformidad con las tarifas variables de las aplicaciones, en especial durante lluvias o contingencias.
La preocupación por la seguridad tampoco es menor. Ni Didi ni Uber tienen obligación de compartir una base de datos oficial con las autoridades estatales. Esto ha derivado en que el 58 por ciento de los usuarios chiapanecos, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), desconfíen de los choferes de plataformas, por la ausencia de mecanismos de verificación estatales.
El reto para la Secretaría de Movilidad es recuperar la rectoría perdida durante la administración pasada. Sin mecanismos para registrar vehículos, choferes y tarifas, la autoridad deja en indefensión a más de 2.4 millones de usuarios de transporte público local. Para el sector transportista, permitir la operación de estas plataformas no es el problema, pero permitirlo sin control legal ni fiscal es lo que ha puesto en jaque a un gremio entero.
