Demandas incluyen restituir el calendario original y abrir diálogo con autoridades académicas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El servicio social, concebido como una etapa clave para la formación profesional de los universitarios, ha dejado de ser una elección libre para muchos estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Estudiantes de la institución, alzaron la voz en nombre de sus compañeros para denunciar irregularidades que, según afirmaron, buscan forzar la incorporación al programa gubernamental Chiapas Puede.
El conflicto, que involucra cambios de fechas, negación de validaciones externas y falta de transparencia, pone en evidencia una tensión entre la autonomía universitaria y las prioridades institucionales del Estado. La Dirección de Extensión Universitaria, señalaron los denunciantes, ha impuesto nuevas condiciones sin justificación clara ni previo aviso.
En la entidad, el 42.7 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años no estudian ni trabajan, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2023). En este contexto, el servicio social cobra aún más relevancia como vía para fortalecer habilidades profesionales y abrir puertas laborales. Sin embargo, imponer esquemas que no están alineados con la formación de cada carrera podría, en lugar de potenciar el aprendizaje, debilitarlo.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el 38 por ciento de los estudiantes universitarios en México consideran que su servicio social no está vinculado a su perfil profesional. A esto se suma que solo el 26 por ciento logra hacerlo en instituciones de su interés, según datos del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Estas cifras evidenciaron que lo que hoy ocurre en la Unicach no es un caso aislado, sino parte de una falla sistémica que desvaloriza el sentido formativo de esta obligación académica.
Los estudiantes han solicitado la restitución del calendario original y el reconocimiento de las gestiones ya realizadas, demandaron diálogo directo con las autoridades universitarias. Lo que está en juego no es solo un trámite escolar, sino el derecho a una formación profesional completa, libre de imposiciones políticas. En un estado donde apenas el 19 por ciento de los jóvenes acceden a educación superior, conforme al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT, 2022), garantizar condiciones justas no es opcional, es urgente.
