Años de trabajo están en riesgo por cobros impagables, mientras autoridades colocan sellos sin previo diálogo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
A la sombra del edificio de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, cuatro mujeres que han sostenido sus negocios por décadas hoy enfrentan lo que califican como un intento de desalojo institucional. Sellos de clausura, exigencias impagables y negativa a recibir pagos han marcado la relación con el ayuntamiento. Para las locatarias, no se trata de deudas, sino de hostigamiento con rostro oficial, que apunta al despojo de sus únicos espacios de sustento.
Las afectadas, entre ellas Nathali Montero y Laura Escobar, sostuvieron que el problema no es la falta de voluntad para pagar, sino un sistema que dejó de aceptar sus contribuciones desde 2005. Aquel año, según su testimonio, el municipio les notificó que no existía un rubro definido para seguir recibiendo los 300 pesos mensuales que pagaban desde 1977. Desde entonces, lo que era una relación administrativa se volvió una lucha por conservar lo que legítimamente les fue otorgado.
Lo que para ellas fue un abandono institucional, para las autoridades se ha transformado en una supuesta deuda acumulada de 120 mil pesos. Con pagos exigidos en parcialidades de 20 mil al mes, las locatarias aseguraron que no solo es injusto, sino inviable. En Chiapas, el 60 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi.2024), y el 72 por ciento de los micronegocios liderados por mujeres no superan ingresos de un salario mínimo mensual.
Según el Censo Económico 2019, más del 80 por ciento de los locales comerciales en la entidad son negocios familiares o de autoempleo. Además, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)revelaron que Tuxtla tiene una de las tasas más altas de pobreza urbana en el país con el 46.3 por ciento. En ese contexto, el cierre forzado de pequeños comercios no solo afecta a unas cuantas familias, sino que agrava las condiciones de vida en el centro de la capital.
Las locatarias han hecho un llamado urgente al gobernador para mediar en el conflicto y evitar que se consume lo que perciben como una injusticia legalizada. Mientras tanto, exigen que se reconozca el historial de sus pagos, se revisen los montos exigidos y se frene el acoso institucional.
