A nueve años de haberse declarado el mecanismo, la omisión continúa dejando en la indefensión a chiapanecas
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
Chiapas vive una alarmante crisis de feminicidios. Las cifras oficiales, difusas y dispares, no logran ocultar la creciente violencia de género que atraviesa a la entidad. A la par, organizaciones civiles y colectivos feministas denuncian la ineficacia de las autoridades y una estructura institucional que, lejos de proteger a las víctimas, reproduce los mecanismos de impunidad que perpetúan estos crímenes.
De acuerdo con Martha Figueroa Miller, presidenta de la organización Mujeres Libres COLE, en lo que va del año se contabilizan al menos entre 19 y 22 feminicidios en Chiapas, aunque reconoce que existe un amplio subregistro.
“Entre comillas en números de prensa vamos con mucha cifra negra, vamos entre 19 y 22 feminicidios, con el último de la regidora de San Juan Chamula a manos de su marido”, señaló la activista.
Este último caso, ocurrido en una de las comunidades indígenas más emblemáticas del estado, expuso de nuevo la profundidad del problema, mujeres asesinadas por sus parejas, agresores en posiciones de poder y autoridades omisas o coludidas.
Desde 2016, Chiapas cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que busca atender de manera urgente y coordinada la violencia feminicida en los municipios con mayor incidencia. Sin embargo, a casi nueve años de su implementación, los resultados son mínimos.
“Chiapas es el estado de 23 alertas de género que hay en el país y estamos exigiendo una alerta nacional a través del observatorio ciudadano. La región tiene el mayor número de municipios en alerta de género, siete básicamente: Tonalá, Arriaga, San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula, por ahí se les coló Villaflores, en vez de Palenque, Comitán”, explicó Martha Figueroa.
Esta situación ha derivado en un clamor colectivo para que se emita una alerta de género de carácter nacional, ante el repunte de feminicidios y la persistente violencia institucional.
UNA DÉCADA DE INDIFERENCIA
El panorama no es nuevo. De acuerdo con datos recopilados por Mujeres Libres COLE, en 2013 se documentó que en un año y medio habían ocurrido más de 156 feminicidios en Chiapas. La violencia contra las mujeres en ese entonces ya no solo era ejercida por sus parejas, sino también por agresores en posiciones de poder.
“Se está exigiendo desde ya casi 10 años, el 20 de noviembre se cumplen nueve años de que se declaró la alerta de género en la entidad. En 2013 se hizo un informe que en año y medio había más de 156 feminicidios, y que en la región, las mujeres morían no solo a manos de su marido. Tenía que ver con violencias estructurales, la policía en vez de ayudarlas, si sobrevivían, las detenían a ellas y soltaban al marido”, recordó Figueroa Miller.
Denunció además que, en diversos casos, los agresores han sido policías, militares, agentes ministeriales y funcionarios públicos. Este componente estructural de la violencia institucional contribuye a la impunidad y a que las víctimas se queden sin acceso a la justicia.
CASOS INVISIBILIZADOS
Organizaciones civiles señalan que en numerosas ocasiones las muertes son registradas como suicidios, accidentes o homicidios dolosos, pero sin la agravante de feminicidio, lo que impide una correcta visibilización y atención de la problemática.
