El abandono institucional deja a las menores expuestas a una muerte anunciada
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Marbeli Mabeli Córdoba López tenía solo siete años. Soñaba con ser maestra y corría por las calles polvorientas del Ejido Paso Hondo en Frontera Comalapa, Chiapas. Esa noche del 25 de junio, como muchas otras, el pueblo se preparaba para descansar, ignorando que el terror estaba por llegar montado en motocicletas. Minutos después, ráfagas de balas atravesaban el aire. La violencia criminal, una vieja conocida del estado, volvía a teñir de sangre la tierra chiapaneca.
Marbeli fue alcanzada por una bala en la cabeza; su tía Martha Córdoba, de 42 años, recibió un impacto en el abdomen. Ambas fueron trasladadas de emergencia al hospital básico de Frontera Comalapa. Martha no sobrevivió. Marbeli, convaleciente, fue enviada más tarde a Tuxtla Gutiérrez, pero falleció días después por la gravedad de sus heridas. No solo murieron sus cuerpos, también se desangró una vez más la esperanza de que Chiapas pueda algún día ofrecer un presente digno y seguro a sus niñas.
Este crimen no fue un caso aislado. En lo que va del 2025, el estado suma cinco feminicidios y tres homicidios dolosos de niñas y adolescentes. Un patrón de violencia extrema atraviesa a las menores en el estado, una violencia donde confluyen el abandono institucional, la criminalidad armada y el machismo estructural.
FEMINICIDIOS INFANTILES: LA FORMA MÁS ATROZ DEL ABANDONO
Según datos recabados por organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Redias), los asesinatos de niñas en la región han dejado de ser eventos excepcionales para convertirse en una tendencia alarmante. La vida de las niñas chiapanecas está bajo asedio no solo por razones de género, sino por su condición socioeconómica, por su ubicación territorial en zonas con alta presencia del crimen organizado y, sobre todo, por la indiferencia del Estado.
Desde Redias se ha hecho un llamado urgente: “Vemos con preocupación que la violencia criminal se suma a la violencia de género que sufren las mujeres en Chiapas. Exigimos a las autoridades fortalecer las políticas de prevención y actuación ante la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en el estado”, declararon en un comunicado reciente.
La exigencia no es menor. Los cuerpos de las niñas y adolescentes están siendo tomados como botín de guerra por estructuras armadas ilegales, y como blanco fácil por una sociedad que aún tolera, minimiza y hasta justifica la violencia contra las mujeres.
PASO HONDO: UNA COMUNIDAD ATRAPADA ENTRE LAS BALAS Y LA INDIFERENCIA
El caso de Marbeli revela además un profundo colapso institucional en la red de atención médica pública en la región. Cuando la menor fue herida, no hubo ambulancia disponible. Ni conductor, ni gasolina. Tampoco medicamentos. La familia, desesperada, tuvo que comprar lo poco que pudieron encontrar. El director del hospital, Dr. Elías Maryinez Álvarez, fue presionado por el personal para que se movilizara una unidad con un vigilante como chofer improvisado, quien condujo como pudo hasta Comitán.
Testimonios de personal médico denuncian que en el hospital de Frontera Comalapa “no hay hojas de traslado, no hay medicamentos, se corre al personal por caprichos y se mantiene una política de hostigamiento laboral bajo la administradora Dolores Magaly Vázquez Roblero”. Las acusaciones incluyen nepotismo, abuso de poder y negligencia estructural.
No es solo que no haya recursos. Es que no hay voluntad. No hay política. No hay Estado.
Desde hace años, la región fronteriza entre México y Guatemala —donde se ubica Frontera Comalapa— ha sido una zona estratégica para el tránsito del crimen organizado. El Estado mexicano ha sido incapaz de controlar la violencia desatada por grupos armados que disputan el territorio. El 25 de junio, estos grupos volvieron a sembrar el terror, disparando a quemarropa en Paso Hondo.
A pesar del creciente número de enfrentamientos armados en Chiapas, no existe una política clara de protección a la infancia ni protocolos efectivos de seguridad para poblaciones vulnerables. Las niñas no están siendo protegidas ni como menores ni como mujeres. Viven en una tierra de nadie.
El caso de Marbeli ocurre en un contexto donde el crimen organizado impone toques de queda, reclutamientos forzados y violencia sexual. La niñez no es un límite, ni una línea roja. Para estos grupos, como para el Estado, las niñas son invisibles.
FEMINICIDIO INFANTIL: EL CRIMEN QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
Uno de los obstáculos más graves en Chiapas es la negación institucional de los feminicidios infantiles. En muchos casos, los asesinatos de niñas son clasificados como “homicidios simples” o “hechos aislados”. Esta clasificación impide una adecuada investigación con perspectiva de género y deja a los perpetradores impunes.
Los cinco feminicidios de niñas y adolescentes registrados en lo que va de 2025 son solo la punta del iceberg. Muchos otros no son contabilizados. La fiscalía estatal carece de unidades especializadas en delitos contra menores y no hay suficiente personal capacitado para identificar violencia sexual o violencia feminicida en contextos comunitarios e indígenas.
VOCES QUE EXIGEN JUSTICIA
En Paso Hondo, la comunidad vive aún en estado de shock. Las mujeres del pueblo, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, han comenzado a alzar la voz. Quieren justicia para Marbeli. Quieren garantías para que ninguna otra niña tenga que morir de esa forma.
“Ella no era culpable de nada. Solo quería vivir”, dijo entre lágrimas una de las vecinas. “¿Dónde estaba el Gobierno cuando llegaron los hombres armados? ¿Por qué nos abandonan siempre?”.
La Redias, junto con otras organizaciones feministas y de derechos humanos, prepara un informe detallado sobre la situación de violencia infantil y feminicida en la región. Buscan, al menos, poner en la agenda pública lo que las autoridades insisten en ocultar.
Chiapas es uno de los estados con mayor pobreza y marginación del país. La falta de inversión pública, sumada a la violencia estructural y a la presencia del crimen organizado, crea un caldo de cultivo letal para las niñas. Pero ni Gobierno estatal ni federal han anunciado acciones concretas tras el asesinato de Marbeli. No se han emitido alertas de género adicionales. No se ha abierto ninguna investigación de alto perfil. No hay detenidos. No hay justicia.
Mientras tanto, los hospitales colapsan, las familias se endeudan para comprar suero o gasas, y el silencio institucional deja a las niñas expuestas a una muerte anunciada.
La historia de Marbeli Mabeli Córdoba López no puede quedar en el olvido. No es una estadística. No es un daño colateral. Era una niña con nombre, con rostro, con futuro. Su asesinato es un feminicidio infantil que retrata crudamente la violencia que atraviesa Chiapas y la descomposición institucional que la permite.
Ante este panorama, urge una intervención integral: programas de prevención de violencia con enfoque comunitario, fortalecimiento del sistema de salud, protocolos especializados para atención a niñas víctimas, y una firme voluntad política para enfrentar al crimen organizado y la misoginia.
Hoy, Marbeli ya no está. Pero su memoria puede ser semilla de resistencia. Que su nombre no sea una más en la larga lista de víctimas sin justicia. Que no haya ni una más. Ni una menos.
La violencia contra la infancia en Chiapas se ha recrudecido en 2025, con desapariciones alarmantes, casos de infanticidio explícitos y hallazgos de fetos/bebés en espacios públicos. Detrás de estas tragedias están la criminalidad organizada y la desprotección sistemática de menores, en particular niñas.
Las organizaciones civiles demandan un giro urgente hacia la prevención, justicia con perspectiva de género, cultura de denuncia y protección efectiva. Sin ello, Chiapas podría continuar agravando el genocidio silencioso que se gesta contra su niñez.
El 24 de marzo se encontró el cuerpo de Perla Alison, niña de 10 años en Mapastepec. Fueron detenidos tres presuntos responsables acusados de secuestro agravado, aunque el caso se tipifica como feminicidio
En 2024 se registraron 482 denuncias de desaparición de menores y 36 homicidios y nueve feminicidios en la infancia. Solo en los primeros 45 días de 2025 ya había 37 desapariciones.
