El Cabildo nunca aprobó el gasto ni validó la experiencia de la empresa beneficiada
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Una empresa registrada como papelería, sin historial visible en servicios de limpieza, fue contratada por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para el lavado de contenedores de basura por un monto que podría alcanzar los 10 millones de pesos. La denuncia fue presentada por la Regidora Areli Latournerie, quien acusó una cadena de irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos dentro del Gobierno encabezado por Ángel Torres.
La empresa en cuestión, Comercializadora La Oriental de Chiapas S.A. de C.V., fue dada de alta como prestadora de servicios apenas el 01 de enero de 2025. Cinco días después, ya contaba con contratos firmados por autoridades municipales. Este procedimiento pasó por encima de las instancias que exige la ley, como las comisiones de Hacienda y Adquisiciones, y del propio Cabildo, que nunca otorgó su aval. El monto adjudicado, según documentos oficiales, va de los 4.1 a los 10 millones de pesos.
El caso cobró relevancia al considerar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha señalado que, en la región, el 57 por ciento de los municipios tiene deficiencias graves en servicios de recolección y disposición de residuos. En Tuxtla, donde según el Sistema Nacional de Información Municipal se generan más de 500 toneladas diarias de basura, los problemas de recolección se han vuelto una constante, mientras el presupuesto para servicios urbanos ha aumentado un 14 por ciento desde 2023.
La regidora apuntó también que otra empresa, Melcom Suministros y Consultoría, fue contratada en condiciones similares, con contratos paralelos por hasta 3.7 millones de pesos. El patrón se repite, adjudicaciones exprés, sin licitaciones previas difundidas, y con proveedores de reciente creación. Según la Auditoría Superior del Estado (ASE), al menos el 42 por ciento de las contrataciones municipales en Tuxtla durante 2024 fueron por adjudicación directa.
Lo denunciado no se limita a un acto administrativo dudoso, sino a un posible uso discrecional de recursos públicos. La falta de transparencia, combinada con la falta de experiencia técnica de las empresas beneficiadas, dibuja un escenario preocupante sobre el manejo del presupuesto municipal. En un municipio con 165 mil personas en pobreza, cada peso desviado a contratos cuestionables representa una oportunidad perdida para atender las verdaderas necesidades ciudadanas.
