Mujeres víctimas de violencia enfrentan un sistema que no responde con justicia. Los datos biométricos no son la solución definitiva
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La reciente incorporación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas ha sido presentada como un avance legal. Sin embargo, para colectivas como la Fundación Karla Velasco, esto resulta insuficiente frente a una realidad que no cambia, la falta de voluntad política. La presidenta de dicha fundación, Maricruz Velasco Nájera, sostuvo que el problema no es técnico ni legislativo, sino estructural.
Chiapas arrastra un subregistro evidente. Mientras colectivos documentan más de tres mil personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas solo reconoce mil 423 casos activos, lo que representa un desfase del 52 por ciento. Esta disparidad no es casual, sino síntoma de un abandono institucional sistemático. Y no se trata solo de burocracia, las familias buscan, rastrean, denuncian y hasta identifican.
El mismo patrón se repite en los feminicidios. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado ha acumulado 92 feminicidios de 2019 a 2024, con 20 registrados en lo que va del año. A pesar de que la legislación estatal elevó la pena de 65 a 100 años, no se tiene registro público de una sola sentencia ejemplar en la entidad. La ley cambia en el papel, pero la impunidad se mantiene intacta. La justicia no se fortalece con reformas, sino con acciones que envíen un mensaje claro, matar mujeres tiene consecuencias reales.
La estructura judicial también representa un obstáculo. En la entidad, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, solo el 16 por ciento de jueces y juezas han recibido formación en perspectiva de género. En los ministerios públicos, ese número se reduce al 11.3 por ciento, lo que explica por qué tantos casos de violencia feminicida o desaparición son mal clasificados, minimizados o ignorados.
El caso de Karla Yesenia “N”, asesinada en 2017, demuestra cómo funciona el sistemal, una sentencia inicial de siete años, reclasificación gracias a una lucha legal y una condena de 45 años. Todo ello, en un contexto donde el 95 por ciento de los delitos contra mujeres en la región quedan impunes, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La CURP biométrica puede ayudar, sí, pero no sustituye la voluntad de hacer justicia, ni mucho menos la urgencia de reconocer que el Estado sigue siendo el primero en fallarles a las víctimas.
