HERMES GARCÍA/PORTAVOZ
En un acto sin precedentes que refleja el compromiso firme con la justicia social y los derechos humanos, el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha firmado un decreto junto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que posiciona a la entidad como pionera en Latinoamérica en materia de inclusión laboral, al ser la primera en implementar una política pública integral que reconoce los derechos laborales de las personas con discapacidad como parte esencial del desarrollo social.
Este histórico decreto garantiza que las trabajadoras y los trabajadores de la casa de la justicia con discapacidad motriz que sean usuarias de sillas de ruedas tengan una reducción en su jornada laboral, así como un apoyo económico destinado a cubrir necesidades de salud específicas, como la cistostomía.
Al respecto, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén manifestó que las bases que asientan esta determinación con sentido humanista e incluyente fueron escuchar el sentir, las necesidades y las opiniones de las y los trabajadores, y encontrar su fundamento en marcos normativos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México.
Asimismo, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Moreno Guillén, exhortó a los municipios de la entidad, a los estados y empresas particulares a sumarse a estas acciones, y generar conciencia sobre la necesidad de adaptar el entorno laboral a la diversidad humana, reconociendo las particularidades de cada persona y actuando en consecuencia.
Cabe destacar que este importante paso fue posible gracias a la voluntad y coordinación de los tres poderes del Estado, para asegurar que estas políticas sean una realidad para las y los trabajadores que pertenezcan a las instituciones y dependencias del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial.
De esta manera, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la construcción de una justicia más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, con acciones que reflejan la voluntad institucional de eliminar barreras estructurales y promover condiciones laborales accesibles, igualitarias y libres de discriminación.
