Los colaboradores de la institución exigen transparencia, respeto a derechos laborales y rendición de cuentas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La inconformidad entre elementos de seguridad pública municipal en Chiapa de Corzo escaló esta semana tras denunciar prácticas que consideran arbitrarias y contrarias a la ley. Los policías acusaron retención injustificada de salarios y señalaron la existencia de favoritismos dentro de la corporación. La gota que colmó el vaso fue el hallazgo de que una mujer, sin formación policial ni evaluación alguna, cobra como elemento activo con un sueldo superior al promedio.
La situación ha revelado una trama de presuntos abusos de poder, donde la meritocracia parece haber sido desplazada por los vínculos familiares. La mujer señalada, podría ser hija de una funcionaria del área de planeación del ayuntamiento, aparece en nómina como policía segundo sin haber pasado por los filtros del Centro de Evaluación y Control de Confianza, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mientras tanto, a los verdaderos elementos en activo no se les paga por supuestas faltas administrativas, pero deben ver cómo personas externas ocupan plazas que deberían estar sujetas a procesos rigurosos. La retención de salarios sin justificación legal también constituye una violación a la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 99 prohíbe la suspensión de sueldos si no hay resolución previa. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2023), el 37 por ciento de los policías en México considera que sus derechos laborales son vulnerados.
El vacío de autoridad agrava aún más el conflicto. Los denunciantes aseguraron que el presidente municipal Limbano Domínguez Román no ha dado la cara. El 52 por ciento de los policías en el país reporta no confiar en sus mandos directos, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Municipal. Y en Chiapas, el 46 por ciento de los elementos carece de evaluación vigente, lo que expone la falta de profesionalización en cuerpos que enfrentan altos niveles de riesgo.
Los policías reclaman transparencia en las contrataciones, respeto a sus derechos y un compromiso real con el fortalecimiento institucional. En un estado donde siete de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en sus municipios según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023), el debilitamiento de la confianza entre autoridades y policías podría tener consecuencias graves.
