La meta es que médicos, maestros y personal de atención directa estén capacitados para comunicarse con esta población
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, más de 150 mil personas sordas enfrentan una exclusión sistemática del sistema público por una barrera que pocas veces se atiende, la falta de comunicación. Con menos de 10 intérpretes certificados en todo el estado, el acceso a la salud, educación y vida cívica es nulo para esta comunidad. Frente a este panorama, se ha propuesto una reforma constitucional que reconozca la lengua de señas mexicanas como lengua materna y patrimonio lingüístico del estado, lo que abriría la puerta a su uso oficial en espacios públicos.
La propuesta busca reformar el artículo siete de la Constitución local para que la lengua de señas deje de ser vista como un apoyo opcional y pase a formar parte de las políticas obligatorias en instituciones educativas y médicas. En un estado donde el 50 por ciento de las personas con discapacidad son sordas, la omisión del lenguaje de señas en espacios públicos no es una casualidad, es una forma de violencia estructural.
El déficit es profundo. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay más de 6.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales más de 300 mil viven en la entidad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reconocido que menos del uno por ciento del personal docente en la entidad está capacitado para atender a estudiantes con discapacidad auditiva. Y en salud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reveló que el 84.6 por ciento de los jóvenes chiapanecos con discapacidad no acceden a servicios de salud adecuados, en parte por las barreras lingüísticas.
La implementación de la lengua de señas implicaría transformar más de mil unidades médicas y capacitar a más de 91 mil docentes en las más de 22 mil escuelas del estado. Para ello, se contempla un modelo educativo que contemple al menos dos años de formación en lengua de señas, tanto para personal de salud como educativo.
Reconocer la lengua de señas en la Constitución no es solo un acto de inclusión simbólica; es una decisión de justicia. Para las personas sordas, no tener forma de explicar un dolor o comprender una lección es vivir en aislamiento. En contextos de sordoceguera, esta marginación se vuelve aún más severa. La reforma busca sentar un precedente legal que obligue a las instituciones a comunicarse con todos, incluso con quienes hasta ahora han sido ignorados.
