Les exigen pagos de hasta 50 mil pesos a cambio de “protección”, mientras las víctimas viven sin respaldo oficial
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Jueces rurales de Huixtla y Tuzantán alzaron la voz y acudieron este lunes al Palacio municipal para denunciar una ola de hostigamientos y extorsiones telefónicas. Los agresores, aún no identificados, exigen pagos de hasta 50 mil pesos bajo amenaza de “protección”, una práctica que exhibe cómo las redes delictivas alcanzan incluso a figuras comunitarias sin sueldo, cuya única labor es representar y mediar en sus localidades.
Estos hechos no ocurren en el vacío. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas acumuló más de 26 mil víctimas de extorsión durante 2023, con una tasa de cifra negra del 94.7 por ciento, lo que implica que la gran mayoría de los casos nunca llegan a investigación. A esto se suma que el 62 por ciento de la población en el estado percibe a su entorno como inseguro, lo que refuerza el clima de miedo que enfrentan autoridades comunitarias y civiles por igual.
Lo alarmante no es solo el delito, sino la vulnerabilidad de las víctimas. Los jueces rurales no reciben sueldos ni gozan de protección institucional, y a pesar de su labor esencial en la gestión de obras y resolución de conflictos locales, carecen de respaldo frente a situaciones como esta. Para ellos, la violencia no es un riesgo abstracto, es una amenaza cotidiana que llega directo al teléfono.
Aunque el secretario municipal de Huixtla prometió brindar asesoría jurídica, los jueces exigen algo más concreto, ser escuchados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por la Delegación de Gobierno, con la esperanza de que el caso escale al nivel ministerial. En la entidad, solo cinco de cada 100 delitos se denuncian de manera formal, una cifra que ayuda a explicar la expansión de este tipo de intimidaciones sin freno.
El hecho de que las llamadas provengan de ladas foráneas añade otra capa de inquietud. Mientras tanto, quienes representan a sus comunidades en el campo viven atrapados entre el deber y el miedo, con la certeza de que, sin apoyo real, la impunidad seguirá siendo la única autoridad reconocida por quienes extorsionan.
