¿Qué merecen las niñas y adolescentes en México?
Sheila X. Gutiérrez Zenteno
Si criar a una niña es trabajo del pueblo, entonces también lo es cuando se abusa de ella.
Spotligth
Hay información que una vez puesta en la discusión pública saca a la luz la podredumbre que ha estado ahí por décadas, y la que empezó a circular la semana pasada en torno a niñas forzadas a ser madres en este país, solo nos recordó que en México, nacer niña es un riesgo. Pero no solo se trata de niñas siendo abusadas sexualmente y que terminan embarazadas como sucede cotidianamente en este país, a las niñas también las matan, como sucedió en Sonora, en el Estado de México y en Baja California esta semana, niñas entre los nueve y los 11 años de edad fueron víctimas de feminicidio. También un niño de ocho años fue encontrado en una bolsa de basura en Chihuahua.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México es un problema grave, persistente, lo terrible es que hay un alto porcentaje de impunidad en los delitos cometidos contra menores. ¿Quién puede tener paz viviendo así? Los casos enlistados se volvieron información sobresaliente en los medios, hoy retomaré el de las niñas, adolescentes y mujeres muy jóvenes que han sido forzadas a parir hijos de hombres que les doblan o triplican la edad.
LA REALIDAD DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO
En México, cada día, 22 menores de edad tienen un bebé.
En 2024, se registraron siete mil 975 embarazos de niñas y adolescentes. La Secretaría de Salud en México a través de la DGIS reporta que los estados con mayor índice son Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco, entidades que concentran el 40 por ciento de niñas embarazadas. Los datos que el mismo Gobierno publicó en su sitio web, muestran la violencia sexual que se ejerce contra niñas y adolescentes, de la que poco se habla fuera de los círculos médicos. Queda claro también la omisión del Estado en la protección de las infantes.
Monserrat Mora tomó el informe de la DGIS y trabajó los datos duros que presentan en la carpeta de registro de nacimientos del 2024. Ese informe está diseñado para especialistas porque todo se maneja con claves, solo se leen combinaciones de números, por ello es complejo acercarlo a la población. Montserrat lo hizo, acercó parte de los registros a la comunidad e hizo visible datos que la SSA debió trabajar, porque el embarazo en niñas y menores es un problema social que nos compete a todos pero ¿cómo accionar si no sabemos qué sucede? A la SSA le va bien que el informe sea público, pero nadie lo lea. ¿La razón? ocho mil niñas y adolescentes embarazadas es un escándalo (o debería serlo).
EL EMBARAZO EN MENORES DE EDAD
El embarazo en niñas y adolescentes en México no es un tema reciente, se ha estudiado desde la década de 1980 cuando se iniciaron los programas de planificación familiar. En 1990 ya se tenían registros de que las entidades con mayor número de menores embarazadas fluctuaban entre Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chiapas según cifras manejadas por la SIPINNA (Sistema nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) a partir de estudios realizados por la CONAPO e INEGI.
Se considera embarazo infantil aquel que tiene lugar entre los 10 y los 14 años de edad, sin embargo, la DGIS tiene registros de embarazos en niñas de ocho y nueve años. El embarazo adolescente tiene lugar entre los 15 y los 19 años de edad. Estimaciones de la GSCONAPO con base en el INEGI reportan que en 2023 el número de embarazos infantiles y adolescentes prácticamente fue el mismo y sumaron un total de nueve mil 388 nacidos.
De acuerdo con la ENADID 2023, la tasa de fecundidad en adolescentes en el país disminuyó (fue de 45.2 por ciento) en 2023, sin embargo, especialistas llaman a considerar que el estudio se realizó durante la pandemia por lo que los números no pueden corresponderse con la realidad, sobre todo si consideramos que la misma DGIS cuenta con registros que obtuvo durante la pandemia que arrojan como resultado que entre 2020 (87.2 por ciento), 2021 (89.3 por ciento) y 2022 (87.2 por ciento) ocho de cada 10 niñas embarazadas fueron violentadas sexualmente por padres o familiares. En ese mismo período, cinco de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años optaron por interrumpir el embarazo.
El embarazo a temprana edad es reflejo de las presiones que niñas y adolescentes enfrentan de compañeros, familias y comunidades. La falta de educación sexual e información reproductiva incide,pero un gran número de esos embarazos tienen su origen en la violencia y la coacción sexual (la famosa prueba de “amor”) o prácticas nocivas como como las uniones entre infantes, el matrimonio infantil o las relaciones forzosas.
Si de por sí la gestación es un proceso complejo o desgastante para una adulta, aún en las condiciones adecuadas (estabilidad económica, padre presente, acceso a servicios de salud, una red de apoyo) ¿qué pasa por la cabeza de una niña de 10 años que fue obligada a tener relaciones sexuales y obtuvo como resultado un embarazo? Debe tener miedo, incertidumbre, porque es una responsabilidad que no deseó a conciencia. Si para una adulta es complicado ¿cómo puede lidiar una niña o una adolescente con todo lo que un embarazo implica, seguido de las responsabilidades que trae consigo un crío al nacer?
Habrá quien diga que en sus tiempos las niñas tenían a sus hijos en el monte, pujando solas, lo cual es cierto, pero eso no minimiza la violencia que muchas de esas menores vivieron en esos períodos históricos, es solo que poco se hablaba de los derechos de las infancias y de los riesgos que implica un embarazo a esa edad. Sí, esas niñas empezaban a parir a los 12 años y para sus treintas ya habían tenido 10 o 12 hijos, pero en qué condiciones eran criados. Esas niñas habían vivido su adolescencia y juventud embarazadas, esa era su única misión de vida. Hoy, una niña tiene la posibilidad de aspirar a más que eso. Es su derecho.
CHIAPAS Y SU VERGONZOSO PRIMER LUGAR
Chiapas es el estado con mayor número de niñas y menores embarazadas en la última década comparado con estados como Oaxaca, Guerrero o el Estado de México. En 1990 se registraron 559 niñas con bebés nacidos vivos, en el año 2000 fueron 802 embarazadas, en 2010 se registraron 818 embarazos en niñas y menores y en 2020 fueron mil 039 niñas. Esto hablando de embarazos registrados, están quedando fuera de estos datos los partos atendidos en casa o partos ocultos. Hay un subregistro que está quedando fuera por lo que los números pueden ser mayores.
¿Por qué Chiapas tiene el índice de fecundidad más alto de todo el país y por qué Ciudad de México el más bajo? Porque a diferencia de lo que sucede en Ciudad de México en donde hay mayor acceso a métodos de planificación familiar, en Chiapas, los usos y costumbres complican la atención y la educación sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, tampoco se cuenta con clínicas ILE (interrupción legal del embarazo) cuando en Ciudad de México funcionan desde hace 15 años.
Al cierre de la publicación de esta columna, ninguna institución del estado de Chiapas ha tomado una postura pública al respecto, incluida la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género.
UNA NIÑA Y UNA MENOR NO PUEDEN CONSENTIR
¿Por qué tal cantidad de niñas y adolescentes terminan embarazadas sin que el Estado logre salvaguardarlas? Y no se trata de usar el consentimiento como excusa porque una menor de edad no tiene claridad de lo que esto implica. Una niña embarazada no pudo consentir una relación sexual como lo manifestó Juan Martín Pérez García, psicólogo y coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe “y mucho menos si el agresor es un hombre que le supera, como en estos casos tan terribles, 70 años de diferencia, 50 o 30 años. Es una relación desigual, podrían marcarse claramente como un acto de violación”.
Que exista “consentimiento” como lo señaló Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 03 de julio por parte de ellas o aunque la familia otorgue el “permiso” para que una menor se relacione con un sujeto, se actualiza la comisión de un delito, es decir, el consentimiento familiar no anula el delito cuando se trata de una menor en un matrimonio o una relación forzada. A la presidenta se le olvidó que aunque una menor haya dicho sí, en realidad no comprende las implicaciones de lo que cree que decidió.
El SINAC (Subsistema de Información sobre Nacimientos) es el responsable de hacerse de los datos con los que también trabaja la DGIS, pero muchos de los padres de los bebés nacidos, deciden no responder los formularios porque saben que están cometiendo delitos, el problema es que no se les detiene ni se abre una carpeta de investigación.
Los registros de la SSA no explican en qué condiciones se han dado esos embarazos, si tuvieron lugar como parte de un “matrimonio”, por cohabitación forzada de la menor (con un adulto u otro menor), por venta o trueque de la infante o por violación (si el violador se casa con la víctima implicaría una “reparación del daño” ante los ojos de la familia). Hablemos claro, son niñas violadas resultado de la violencia sistemática, estructural y machista que nos rodea. Se repite todos los días, en todos los espacios, la sociedad y las instituciones la avalan al no erradicarla.
Estas niñas viven violencia y lo más terrible es que probablemente, ni siquiera tienen conciencia de lo que les sucede o bien, se culpan por lo están viviendo, cuando lo que les sucede, no es su responsabilidad.
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Inicia un período de descanso, así que esta columna saldrá de circulación unos días, nos leemos de vuelta el próximo miércoles 6 de agosto.
