Protege a uniformados denunciados, investigados o procesados por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000
PORTAVOZ/AGENCIAS
El Congreso de Perú aprobó en segunda votación, una ley de amnistía para militares y policías con denuncias, juicios o sentencias por delitos cometidos durante el conflicto interno, que asoló el país andino entre 1980 y 2000.
Con 16 votos a favor, 11 en contra y cero abstención, la Comisión Permanente ratificó la primera votación de junio pasado y quedó lista para su promulgación por parte del Ejecutivo, a pesar de la controversia por el alto número de militares y policías procesados por presuntos abusos a los derechos humanos.
El autor del dictamen es el legislador Jorge Montoya, un exjefe de las Fuerzas Armadas miembro de la bancada ultraconvervadora de Honor y Democracia, y el encargado de sustentarlo ante el pleno fue el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi.
La nueva norma plantea conceder la amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad y de comités comunales de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Durante la primera votación, Rospigliosi sostuvo que se propone amnistiar a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
La ley no será aplicable “a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, quienes deben ser objeto de los procesos penales correspondientes”.
Mientras que legisladores de derecha defendieron la medida por considerar que los militares y policías son sometidos a una “persecución”, representantes de izquierda rechazaron un proyecto que aseguraron que generará impunidad.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha acompañado y denunciado varios casos de abusos durante el conflicto interno, comentó, tras la aprobación de la ley de amnistía, que esta norma “borra décadas de lucha por justicia y verdad”.
Más de 150 condenas y 600 procesos por graves violaciones a los derechos humanos “están en riesgo”, apuntó. Agregó que “esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de derechos humanos”.
