La empresa subcontratada cambió su nombre legal, pero mantiene prácticas irregulares
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, unos 400 trabajadores de limpieza enfrentan una crisis que revela el abandono estructural del empleo subcontratado en instituciones públicas. Desde el 30 de junio no reciben su salario, a pesar de haber cumplido con sus jornadas en hospitales estatales. Lo más grave no es solo la falta de pago, sino la normalización de una práctica que se repite sin consecuencias para las empresas responsables.
La compañía “Super Limpio”, ahora registrada como “Suministros e Insumos/El Pacífico”, ha cambiado su razón social, pero no sus prácticas. Según los empleados, esta no es la primera vez que se enfrentan a retrasos en los pagos. Tampoco cuentan con seguridad social ni prestaciones, pese a estar asignados a centros de salud que operan con fondos públicos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que en Chiapas el 82.2 por ciento de los trabajadores carecen de acceso a seguridad social, una de las tasas más altas del país.
En este contexto, los afectados decidieron cesar labores en protesta, aun con el temor de represalias. Una trabajadora explicó que ya se habla de una tercera quincena sin pago, mientras los responsables de la empresa evaden el diálogo. Esto no es un caso aislado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 56 por ciento de los trabajadores formales subcontratados en el sector salud reportaron haber enfrentado irregularidades en el pago o cumplimiento de sus derechos laborales durante el último año.
A pesar de la gravedad del caso, las autoridades estatales no han ofrecido soluciones concretas. La Secretaría de Salud, quien recibe el servicio de limpieza, permanece en silencio. Y mientras tanto, las familias de estos trabajadores enfrentan deudas, gastos escolares inminentes y dificultades incluso para cubrir el transporte diario. Datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) revelaron que los trabajadores de servicios auxiliares de salud ganan en promedio 1.7 salarios mínimos, lo que los ubica en un umbral de vulnerabilidad económica crítica ante cualquier incumplimiento.
La demanda de los empleados es simple y justa, que se les pague por el trabajo ya realizado. Pero su caso expone una cadena de omisiones que va más allá de una empresa específica. Reveló cómo el sistema de subcontratación precariza sin consecuencias, sin vigilancia efectiva y con la complicidad del silencio institucional.
