Difamaciones y amenazas buscan fracturar el tejido comunitario y criminalizar a defensores originarios
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia digital ha irrumpido con fuerza en comunidades indígenas de Chiapas, donde el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció una campaña sistemática de intimidación y difamación a través de redes sociales. Desde páginas en Facebook hasta cadenas de WhatsApp, los ataques buscan sembrar miedo, dividir a las comunidades y criminalizar a quienes forman parte del tejido organizativo indígena en municipios como Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua.
El CNI identificó al menos cuatro cuentas digitales que promovían la violencia simbólica, compartiendo imágenes sin consentimiento, y señalaban a personas como responsables de delitos. Esta forma de hostigamiento no solo erosiona la cohesión comunitaria, sino que constituye una violación directa a los derechos colectivos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad el 36.2 por ciento de los hogares indígenas tiene acceso a Internet, una vía que, lejos de empoderar en este caso, está siendo utilizada para vulnerar.
En un contexto donde la criminalización de defensores indígenas ha sido constante, la dimensión digital del acoso no sorprende. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al menos 23 personas indígenas enfrentan en la actualidad procesos penales en el estado por causas fabricadas. El CNI advirtió que detrás de esta violencia virtual existe una intención más amplia, desarticular las luchas organizadas desde abajo, lo que legitima la represión a través de la manipulación mediática y la desinformación.
Las acusaciones también alcanzaron a autoridades locales y federales, a quienes el Congreso señaló por ignorar denuncias, fabricar delitos y ordenar detenciones arbitrarias. La impunidad es el común denominador. En 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) solo judicializó el siete por ciento de las denuncias por delitos contra personas defensoras en el país, lo que, según expertos, envía un mensaje de permisividad ante la violencia sistemática.
Ante este panorama, el CNI ha exigido una investigación seria por parte de la FGR y la Policía Cibernética para rastrear a los responsables de estas campañas digitales. También llamó a la ciudadanía a no compartir ni interactuar con contenidos que solo buscan generar confrontación.
