Aunque hay avances sociales, la falta de transparencia y poca innovación frenan el progreso
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La corrupción en Chiapas no es solo un problema aislado sino una percepción generalizada que permea la vida urbana, según reveló el Índice de Competitividad Estatal 2025 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicado el pasado 9 de junio del mismo año. El estudio reveló en su página 49 que, un 88 por ciento de habitantes consideran las prácticas corruptas como “frecuentes” o “muy frecuentes”, la desconfianza hacia las instituciones pone en jaque la posibilidad de crecimiento económico y estabilidad social en la región.
Este dato no solo afecta la imagen estatal, sino que se traduce en un freno tangible para la inversión privada. La falta de transparencia y la percepción de un entorno poco confiable desalientan a empresas que podrían impulsar la economía local, al profundizar un círculo vicioso que limita el acceso a mejores empleos y servicios públicos. La corrupción se vuelve entonces un impuesto invisible que encarece el desarrollo y ahuyenta oportunidades.
El ICE también muestra que la entidad enfrenta retos estructurales más allá de la corrupción, su baja innovación y la casi nula diversificación económica son lastres que impiden competir en mercados dinámicos. La política federal del Plan México se vislumbra como una posible palanca para cambiar este panorama, pero solo si se logra crear un entorno institucional más serio y confiable que garantice a los inversionistas un terreno estable para crecer.
Cabe destacar que, pese a estas dificultades, la regiónregistra indicadores positivos como una menor incidencia delictiva y una brecha salarial de género reducida. Esto abre la posibilidad de que, si se enfoca de manera correcta, el estado pueda potenciar sus fortalezas sociales como base para una mejora económica sustentable. Sin embargo, sin atacar la corrupción, estos avances quedan a merced de un sistema que no genera confianza.
Para romper con este estancamiento, la lucha anticorrupción debe dejar de ser un discurso para convertirse en acción concreta. Mejorar la competitividad estatal implica revisar sus estructuras de Gobierno y fortalecer mecanismos que transparenten la gestión pública. Solo así podrá aspirar a dejar atrás la sombra de la corrupción y avanzar hacia un desarrollo que beneficie a sus ciudadanos.
