Organizaciones denuncian la falta de tipificación del delito y una cifra negra creciente por miedo y desconfianza
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La frontera sur de México atraviesa una emergencia. En solo cinco meses, Tapachula se convirtió en el municipio con más desapariciones en Chiapas, al registrar un aumento del 32 por ciento, al pasar de 166 a 219 personas no localizadas. La cifra no solo refleja un repunte preocupante, sino un patrón que parece consolidarse en otras regiones fronterizas como Frontera Comalapa, donde el crecimiento alcanzó el 38 por ciento en el mismo periodo. Lejos de una anomalía, este fenómeno se perfila como una tendencia que escapa al control de las autoridades.
Aunque la entidad no figura entre los estados con mayor número absoluto de desapariciones a nivel nacional, las cifras locales reflejan un deterioro acelerado. Entre 2022 y 2024, los reportes anuales pasaron de 839 a mil 192 personas desaparecidas, según la Red Lupa. Tan solo en lo que va de 2025, ya se acumulan mil 526 casos, de los cuales el 20 por ciento corresponde a menores de edad. Este crecimiento en los registros no responde a una mayor visibilización, responde, en gran medida, a una ausencia sistemática de prevención, búsqueda y justicia.
Las cifras oficiales, además, muestran un costado aún más crudo, seis de las personas desaparecidas en 2025 fueron localizadas sin vida. La respuesta institucional ha sido insuficiente. La Fiscalía estatal afirmó trabajar en la mejora de los protocolos, pero las familias siguen recurriendo a colectivos y brigadas comunitarias ante la falta de acción efectiva. En paralelo, organizaciones civiles denunciaron la falta de tipificación del delito de desaparición forzada, lo que dificulta que las denuncias escalen a investigaciones reales.
A este rezago se suma una “cifra negra” que sigue creciendo. Muchas desapariciones no se denuncian por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o por la imposibilidad económica de iniciar una búsqueda. En palabras del Observatorio Ciudadano, el Estado no solo falla en encontrar a los desaparecidos, falla incluso en reconocerlos.
Colectivos como “Buscadoras Chiapas” se han convertido en el único mecanismo real de búsqueda. Mientras las familias caminan territorios en silencio, la impunidad se vuelve norma. Si Tapachula lidera hoy la lista estatal, no es por azar, es reflejo de una crisis en expansión. Si las cifras de 2025 ya superan los años anteriores y los menores encabezan la lista de víctimas, la pregunta ya no es cuándo escalará el problema, sino si las autoridades tendrán la capacidad de evitarlo.
