La atención debe ir más allá del castigo, priorizando la reinserción social y respeto a sus derechos humanos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) posicionó a Chiapas en el lugar 24 a nivel nacional por el bajo número de adolescentes imputados, con solo 322 casos en 2023. Esta cifra representa apenas el uno por ciento del total de jóvenes involucrados en procesos legales en el país, lo que refleja un panorama relativo de menor incidencia en comparación con otras entidades. Sin embargo, el desafío no termina en las estadísticas, la justicia juvenil demanda un enfoque integral que vaya más allá del conteo de casos.
Con una tasa de internamiento de 7.8 por cada 100 mil jóvenes entre 14 y 17 años, la entidad se mantiene por debajo del promedio nacional de 16.6, esto apuntó a una menor presión sobre los centros de reclusión juvenil. No obstante, este balance positivo convive con la necesidad de fortalecer la infraestructura y los procesos, dado que el estado cuenta con 94 personas que laboran en centros de internamiento y una ocupación cercana al 20 por ciento, cifras que deben evaluarse para garantizar calidad y no solo cantidad.
En contraste con el aumento nacional del 45 por ciento en adolescentes imputados en dos años, el estado parece esquivar una tendencia que preocupa en estados como Nuevo León y el Estado de México, con miles de casos reportados. Esta diferencia puede estar vinculada a factores sociales, culturales o al desempeño de los sistemas de prevención y justicia locales, aunque también podría reflejar limitaciones en el acceso y registro de casos, un aspecto que no debe ser ignorado.
La justicia adolescente enfrenta retos estructurales evidentes,casi una cuarta parte de los jóvenes internados en 2023 seguían sin sentencia, y menos del 75 por ciento se sintieron escuchados durante su proceso judicial en 2022. Estos datos ponen en entredicho la eficacia y la sensibilidad del sistema, que debería priorizar la reinserción social y el respeto a los derechos humanos, más allá de la mera aplicación del castigo.
Aunque la región concentra solo el 2.5 por ciento de ingresos a centros de internamiento del país, el reto de ofrecer justicia efectiva y humana persiste. Mejorar los tiempos de resolución, asegurar el acompañamiento adecuado y fortalecer los programas de reintegración son pasos fundamentales para que esta baja incidencia se traduzca en verdaderos avances sociales y no solo en un indicador estadístico.
