La baja tasa de internamiento podría reflejar avances, pero el rezago en resoluciones judiciales y escasa cobertura institucional abren dudas legítimas
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En el entramado del sistema de justicia penal para adolescentes en México, Chiapas aparece como una de las entidades con menor cantidad de imputaciones registradas durante 2023. Según la reciente entrega de la serie EPACOL (Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley) del INEGI, este estado del sureste mexicano cerró el año con 322 adolescentes imputados, posicionándose en el lugar 24 a nivel nacional.
A primera vista, la cifra puede parecer modesta, sobre todo al contrastarla con entidades como Nuevo León, que superó los cuatro mil casos, y el Estado de México, con más de tres mil 400. No obstante, el dato encierra una realidad más compleja que va más allá del simple volumen de expedientes: los desafíos estructurales y operativos del sistema de justicia juvenil chiapaneco, la aplicación de medidas alternativas al internamiento, la baja ocupación en centros especializados y la preocupante lentitud en la resolución de casos.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, promulgada en 2016, establece un enfoque garantista, centrado en la reinserción y protección de derechos. Bajo este marco, el internamiento debe ser una medida extrema, reservada solo para los delitos más graves o cuando no existan otras alternativas viables.
La entidad parece haber adoptado esta lógica de forma más evidente que otras entidades. Con una tasa de internamiento de 7.8 adolescentes por cada 100 mil habitantes entre los 14 y 17 años, se encuentra muy por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 16.6 en 2023. Esta diferencia podría interpretarse como una señal positiva de respeto a los principios de la justicia restaurativa y de contención frente al uso excesivo del encarcelamiento juvenil.
Pero esta misma cifra también podría esconder otra realidad: la subutilización de mecanismos institucionales, una posible falta de recursos para aplicar medidas adecuadas, o incluso una política de invisibilización de delitos cometidos por adolescentes en regiones donde la marginación social y el rezago educativo continúan siendo estructurales.
La participación de la comarca en el total de adolescentes imputados en el país es mínima: apenas el uno por cientodel total nacional. Este dato debe analizarse con cautela.
No necesariamente refleja una baja incidencia delictiva entre menores de edad, sino que puede estar vinculado con factores como:
-Subregistro de casos en comunidades rurales o indígenas.
-Limitado acceso a denuncias, sobre todo en regiones de difícil acceso.
-Falta de personal especializado o infraestructura adecuada para llevar a cabo los procesos judiciales.
La situación es aún más compleja si se toma en cuenta que el 23.8 por ciento de los adolescentes internados a nivel nacional no contaban con resolución jurídica al cierre de 2023. Es decir, casi una cuarta parte de quienes estaban privados de su libertad seguían esperando una sentencia firme. El informe del INEGI sugiere que esta demora puede vulnerar los derechos fundamentales de los menores, quienes, por ley, deben recibir un trato diferenciado y procesos expeditos.
Otro dato que llama la atención es la ocupación de los centros especializados en la entidad, que se mantiene baja: apenas 19.6 por ciento. Esto podría leerse como un logro del sistema chiapaneco, que prioriza las medidas alternativas al encierro, tales como:
-Libertad asistida.
-Servicio a la comunidad.
-Reparación del daño.
-Orientación y supervisión.
Sin embargo, también es necesario considerar el capital humano disponible. Con apenas 94 trabajadores activos en estos centros, se abre el debate sobre si esta cifra es suficiente para brindar atención multidisciplinaria —psicológica, educativa, médica y jurídica— a quienes sí están bajo internamiento.
Aunque la baja ocupación puede reflejar una menor presión sobre el sistema, también podría indicar una limitación para ejecutar medidas de seguimiento y reinserción eficaces. La justicia para adolescentes no se limita a evitar la cárcel, sino a construir caminos que eviten la reincidencia.
INCREMENTO NACIONAL DEL 45 POR CIENTO: UNA TENDENCIA ALARMANTE
Pese a los esfuerzos de algunas entidades por adoptar un enfoque más humano y preventivo, el panorama nacional muestra señales de alerta. Entre 2021 y 2023, los casos de adolescentes imputados aumentaron un 45 por ciento en todo el país. Este crecimiento no solo evidencia un alza en la participación de menores en hechos delictivos, sino también posibles fallas en los sistemas de prevención, protección infantil y atención comunitaria.
Los factores detrás de este fenómeno son múltiples:
-Desigualdad económica.
-Violencia intrafamiliar.
-Deserción escolar.
-Reclutamiento por parte de grupos delictivos.
-Falta de oportunidades para los jóvenes.
Chiapas, a pesar de tener cifras bajas, no está exento de estos riesgos. La presencia de grupos armados, conflictos territoriales, desplazamientos forzados y pobreza extrema en diversas zonas del estado crean un entorno propicio para que adolescentes sean utilizados como brazos operativos del crimen organizado.
¿UN SISTEMA MÁS GARANTISTA O UNA JUSTICIA DE BAJA INTENSIDAD?
La pregunta sobre si la entidd está aplicando una política efectiva de justicia juvenil o si simplemente enfrenta una justicia “de baja intensidad” es clave. Mientras que la baja tasa de internamiento podría reflejar avances, el rezago en resoluciones judiciales y la escasa cobertura institucional abren dudas legítimas.
Para el especialista en derecho penal juvenil, entrevistado por este medio, “Chiapas presenta un modelo que, en apariencia, se apega a los estándares nacionales. Sin embargo, cuando uno analiza los datos más a fondo, se encuentra con una estructura débil que, aunque evita el castigo desproporcionado, también falla en garantizar justicia oportuna y efectiva”.
La revictimización de menores que permanecen internados sin sentencia, la falta de personal técnico en las comunidades alejadas y la escasa implementación de programas de seguimiento post-libertad son puntos que deben atenderse con urgencia.
El informe del INEGI insiste en una premisa fundamental: el internamiento debe ser el último recurso. Esta visión parte de la idea de que el castigo sin rehabilitación es contraproducente. En su lugar, se promueve una justicia que permita a los adolescentes asumir la responsabilidad de sus actos, reparar el daño y reconstruir su proyecto de vida.
En la comarca, las condiciones están dadas para fortalecer esta filosofía, pero es necesario reforzar capacidades institucionales, dotar de más recursos a los centros especializados, capacitar a personal en comunidades rurales y garantizar que ningún menor permanezca tras las rejas sin sentencia firme.
La región camina por una delgada línea entre el cumplimiento formal de la ley y el desafío práctico de ejecutarla en un contexto de alta desigualdad. Mientras algunas cifras muestran avances, otras revelan una fragilidad institucional que puede derivar en injusticias silenciadas.
Con apenas el uno por ciento de los casos del país, la entidad tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de ser modelo en justicia juvenil restaurativa. Para ello, deberá mejorar la eficiencia de sus procesos judiciales, fortalecer su infraestructura, y sobre todo, apostar por un enfoque integral de protección a la infancia y adolescencia, donde el delito no sea sinónimo de fracaso, sino de una oportunidad para redirigir vidas y reconstruir comunidades.
