Los trabajadores acusaron al ayuntamiento y a un empresario local de coludirse para silenciar denuncias sobre el deterioro del servicio
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La recolección de basura en Tapachula no solo arrastra desperdicios, también arrastra amenazas, presiones y negligencia institucional. Operadores de los camiones recolectores han comenzado a romper el silencio, al denunciar condiciones laborales precarias, vehículos inseguros y un ambiente de trabajo marcado por la intimidación. La denuncia no apunta solo a una empresa, sino a un modelo de gestión pública que, según ellos, ha hecho del servicio un negocio encubierto a costa de su integridad.
En el fondo de la crisis, los trabajadores señalaron una red de complicidades entre autoridades municipales y el empresario Jorge Pérez, encargado del mantenimiento de las unidades. Aunque los camiones son propiedad del ayuntamiento, se pagan rentas para almacenarlos en el rancho El Tigre, lugar ligado a intereses privados. Este arreglo, reveló una lógica en la que el recurso público se gestiona con opacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 69por ciento de los mexicanos desconfía de los gobiernos municipales, y este caso parece alimentar esa percepción.
A pesar de las largas jornadas y la exposición constante a riesgos sanitarios, los trabajadores apenas reciben tres mil 500 pesos mensuales. Esto contrasta con el salario promedio en el estado, que, de acuerdo con el Observatorio de Salarios de la IBERO, ronda los seis mil 200 pesos mensuales. El bajo pago, sumado al deterioro de las unidades ha generado un ambiente de desgaste. El 58 por ciento de los empleados del sector público en la entidad reportaron sentirse insatisfechos con su entorno laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Lo más grave es el uso de la intimidación como herramienta de control. Los operadores denunciaron que fueron citados en oficinas públicas y obligados a firmar una carta de respaldo a Pérez. Acusaron al secretario Mario Santizo de permitir estos actos y a un hombre identificado como Matalí de recorrer el corralón para obligarlos a firmar. El 47 por ciento de los trabajadores del sector informal en México ha declarado haber sufrido algún tipo de coerción laboral, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Los trabajadores responsabilizaron al alcalde por haber permitido, e incluso promovido, una alianza entre el poder municipal y negocios privados. Exigieron la atención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDH) y de las autoridades laborales, antes de que ocurra una tragedia.


































