Rivera Maya y 3 de Marzo viven sin servicios básicos y bajo el dominio de grupos que suplantan al Estado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En las periferias olvidadas de Tapachula, donde los servicios básicos nunca llegaron y la ley se diluye entre caminos de terracería, líderes comunitarios han suplantado al Estado. En colonias como Rivera Maya y 3 de Marzo, el poder se ejerce con amenazas, machetes y cobros ilegales. La figura del “líder” se impone como autoridad máxima, sin papeleo, pero con violencia. Según estimaciones locales, al menos 500 personas han entregado dinero bajo presión, mientras que 300 familias intentan resistir este sistema de sometimiento.
En estas zonas, el abandono institucional ha generado una tierra fértil para el oportunismo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en Tapachula hay más de 20 mil viviendas en asentamientos irregulares, y al menos el 45 por ciento carece de acceso regular a agua potable. La ausencia de Estado no es un fenómeno casual, sino una constante. Lo que debería ser un vacío legal, ha sido ocupado por liderazgos que, lejos de representar a su comunidad, extorsionan, amenazan y callan con violencia.
Los testimonios indicaron que estos líderes utilizan grupos armados de hasta 60 personas para controlar el territorio. A los nuevos pobladores se les exige desde pagos de ingreso hasta cuotas por cada problema personal del “líder”, incluso si este cae preso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas, tres de cada 10 personas que habitan zonas urbanas viven en viviendas sin escrituras ni certeza jurídica, lo que los deja expuestos a estos abusos sin posibilidad de defenderse de manera legal.
La fractura social es profunda, dos facciones dividen la colonia Rivera Maya, una responde a quien se autodenomina propietario legítimo del terreno, y la otra a Romeo, figura señalada por cuotas excesivas y represalias contra quienes no se subordinan. La violencia no solo es física, también es económica, hay personas que han desembolsado hasta 50 mil pesos sin recibir un solo documento de propiedad. El 72 por ciento de las denuncias por despojo y extorsión en Tapachula no se judicializan, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo más grave es que las instituciones ya no son omisas, son inexistentes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido más de 200 recomendaciones por agresiones en contextos similares durante la última década, pero el patrón se repite, líderes armados toman el control donde el Estado se retira.
