Señalaron a funcionarios del ayuntamiento de operar redes de hostigamiento digital y proteger a agresores
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Rincón Chamula San Pedro, la noche dejó techos calcinados, paredes derrumbadas y familias desplazadas por el miedo. Habitantes de los barrios de San José y San Miguel denunciaron ataques coordinados por grupos conocidos como “Los Pelones” y “Los Chapalleros”, que incendiaron varias viviendas sin que las autoridades intervinieran. Las llamas no solo consumieron casas, también avivaron el enojo de una población que se siente desprotegida y traicionada por sus propios gobernantes.
Los agresores, según los testimonios, están liderados por sujetos identificados como “Zorrillo” y César, quienes actúan a plena luz del día sin temor a consecuencias. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas ha registrado más de 800 casos de daños a la propiedad en lo que va del año, siendo los municipios indígenas los más vulnerables por la ausencia de fuerza pública efectiva. En San José, las víctimas aseguraron que todo se originó tras la expulsión de un grupo que ha prometido volver con violencia.
Lo más grave, según denuncias locales, es que detrás de esta ola delictiva se encuentran figuras ligadas al ayuntamiento. A José Trinidad López López, funcionario municipal, lo acusaron de operar desde cuentas falsas en redes sociales para hostigar y señalar a opositores, en complicidad con presuntos grupos armados. En paralelo, la presidenta municipal María de la Luz Hernández Pérez y su hija Verónica Bautista son señaladas de mantener estructuras de protección y pagar sueldos a “aviadores” que en realidad cumplen funciones de intimidación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 69 por ciento de la población chiapaneca desconfía de sus autoridades locales.
La situación en Rincón Chamula es reflejo de un fenómeno extendido, grupos delictivos que actuan con respaldo político o aprovechan la descomposición institucional. Tan solo en 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 456 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos en la entidad. En este municipio, las acusaciones van más allá, hablan de una red de impunidad donde los mismos que deberían garantizar la seguridad fomentan el miedo.
La población exige la intervención inmediata del Gobierno del estado y de organismos de derechos humanos. No se trata solo de reconstruir las casas incendiadas, sino de desmontar la estructura de violencia que se ha enquistado en el poder municipal.
