La mujer fue arrestada tras una ficha roja entregada a la Interpol
PORTAVOZ/AGENCIAS
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por familiares de las 49 víctimas del incendio en la Guardería ABC, informó sobre la presunta detención de Sandra “N” Eloy, Arizona, quien fuera socia de la estancia infantil.
Según la información a la que tuvo acceso el colectivo, la mujer fue detenida tras una ficha roja entregada a la Interpol, en consecuencia, de la orden de reaprehensión vigente.
La organización señaló que las autoridades mexicanas no los han notificado sobre la captura. A través de un comunicado mencionó: “A nosotras como ofendidas y víctimas indirectas de la tragedia, ninguna autoridad nos ha informado nada y ese silencio resulta altamente sospechoso”.
En este contexto, la presidenta de Manos Unidas por Nuestros Niños, Juana Luna Hernández, exigió que Gobierno actúe inmediatamente para tramitar su extradición y garantizar que comparezca ante las autoridades mexicanas.
“Le pedimos que haga lo necesario para que sea deportada y extraditada a nuestro país y sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas para que la ingresen al penal correspondiente y cumpla con la sentencia definitiva y firme decretada en su contra por la muerte y lesiones de nuestros menores hijos e hijas”, se puede leer en una carta.
Del mismo modo, Luna expresó su preocupación ante la intervención de una firma de abogados en Arizona, que estaría gestionando una solicitud de asilo político, declarando persecución por motivos políticos.
¿QUIÉN ES SANDRA “N” Y CUÁL ES SU RELACIÓN CON LA GUARDERÍA ABC?
Fue una de las socias propietarias de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 un incendio en una bodega colindante provocó la muerte de 49 menores y lesiones en decenas más.
En 2016 fue condenada inicialmente a 28 años, 11 meses y cuatro días de prisión, acusada de homicidio culposo por la muerte de los 49 niños y lesiones a más de 106. Sin embargo, tras múltiples recursos legales y amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujo su pena a cinco años y siete meses, en abril de 2022.
