La gestión del líquido sigue fragmentada y politizada. Organizaciones exigen un Plan de Justicia Hídrica
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La crisis del agua en Chiapas no solo brota de los grifos vacíos, se filtra desde los presupuestos públicos. Con solo el 37.8 por ciento de la población accediendo al agua, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el estado enfrenta una problemática, tener abundantes fuentes hídricas y, al mismo tiempo, una emergencia estructural agravada por decisiones políticas.
En 2010, Chiapas recibió 990.5 millones de pesos para infraestructura hídrica, de acuerdo con el informe Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT). 13 años después, esa cifra cayó a 214.9 millones, un recorte de casi el 80 por ciento en un estado donde el 63.3 por ciento de las viviendas rurales carece de agua entubada, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2024). Esta desinversión no solo marginó a las comunidades rurales; también institucionalizó una omisión que afectó de forma directa a mujeres, niñas y niños, quienes son los encargados de acarrear agua contaminada en muchos hogares.
La falta de voluntad política es visible. El Instituto Estatal del Agua opera en 2025 con apenas 25 millones de pesos, monto inferior al que algunos municipios del norte del país destinan solo al mantenimiento de redes pluviales. A esto se suma la dispersión de competencias entre dependencias estatales y municipales, donde los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) suelen favorecer a aliados electorales, más que a comunidades vulnerables. El agua se administra con fines clientelares, no como un derecho.
Un estudio reciente de Cántaro Azul reveló que niñas y niños identifican la escasez de agua como uno de los problemas más graves en sus comunidades. Las enfermedades asociadas al consumo de agua sucia, siguen siendo una de las principales causas de ausentismo escolar en zonas rurales. En paralelo, cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indicaron que más del 75 por ciento de los municipios chiapanecos tienen un grado alto o muy alto de rezago social, lo cual agudiza los impactos de esta crisis hídrica.
El informe planteó un Plan de Justicia Hídrica con enfoque desde la frontera sur, como respuesta estructural al abandono. Porque cuando un niño no tiene agua para lavarse las manos, el problema no es técnico, es político. Y cuando la sequía es presupuestal, la solución debe ser también legislativa.
