Organismos señalaron omisiones de la Fiscalía y encubrimiento oficial, mientras persiste violencia y corrupción en cárceles
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La muerte de una interna en el penal de San Cristóbal de Las Casas generó tensión al interior del sistema penitenciario chiapaneco. Lo que comenzó como una denuncia por negligencia médica se ha transformado en un caso de represalia, tres mujeres fueron trasladadas de manera irregular tras exigir justicia por su compañera Génesis, lo que vulnera lo que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en torno al debido proceso.
La Colectiva Cereza Chiapas, que acompaña a mujeres privadas de la libertad, denunció que el traslado de Guadalupe, Rocío y Cinthia se realizó sin autorización judicial, a pesar de que contaban con sentencia firme. Recordaron que 57 internas firmaron una carta dirigida a la Fiscalía del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para exigir responsabilidades al director y al personal de alcaidía. Sin embargo, la Fiscalía de la región Altos no ha acudido al penal para investigar, lo que reforzóla percepción de omisión institucional y de un posible intento de encubrimiento.
El problema se enmarca en un sistema penitenciario en crisis. De acuerdo con un informe publicado en mayo de 2025 por El País, la sobrepoblación carcelaria en México se duplicó en apenas cinco meses, lo que ha intensificado las deficiencias en atención médica y servicios básicos. A esta situación se suma la fragilidad jurídica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 46.9 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el país no cuentan con sentencia firme, lo que incrementa su exposición a abusos y arbitrariedades.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el 15.5 por ciento de las mujeres en reclusión denunciaron haber sufrido agresión física o sexual al momento de su detención. Además, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que al menos el 16 por ciento de las mujeres en los centros penitenciarios han sido víctimas de violencia sexual dentro de las cárceles, lo que muestra que la violencia institucional no termina en el momento de la detención, sino que se prolonga en la vida carcelaria.
Ante este panorama, la Colectiva Cereza advirtió que la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales tiene 24 horas para presentar un informe al juez de ejecución que garantice los derechos de las tres internas trasladadas. Aseguraron que ninguna de ellas cometió infracciones al reglamento y que su único “delito” fue ejercer el derecho a denunciar violaciones a los derechos humanos.
