Los detenidos llevan seis meses en prisión preventiva sin ser vinculados a proceso
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Tuxtla Gutiérrez, la exigencia de justicia resonó este martes con la marcha de familiares de 20 indígenas lacandones que permanecen presos desde febrero pasado. Los manifestantes denunciaron que los detenidos fueron víctimas de un operativo irregular en Lacanjá Chansayab. El caso, sostuvieron, reflejó una práctica común en Chiapas, la criminalización de comunidades indígenas en contextos de violencia y disputas territoriales.
Los familiares relataron que los lacandones fueron sacados de sus casas, sin relación alguna con Cabrero “N”, el objetivo principal del operativo policial. La acusación oficial incluyó delitos como portación de armas y atentados contra la paz, pero el abogado defensor aseguró que no existen pruebas para sostener el proceso. La prolongación de su encierro sin resolución judicial se suma a un panorama nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 202), en México el 39 por ciento de las personas privadas de la libertad está en prisión preventiva, lo que refleja un abuso de esta medida cautelar.
La situación de los indígenas detenidos también visibilizó las condiciones carcelarias en la entidad. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que el estado obtuvo una calificación promedio de 6.1, por debajo de la media nacional, lo que destacó la falta de atención médica y las deficiencias en procesos judiciales.
La protesta de los familiares subrayó además la vulnerabilidad de los pueblos originarios frente al sistema de justicia. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha documentado que en México cerca del 30 por ciento de los indígenas encarcelados no contó con un traductor durante su detención o juicio. En la comarca, esta situación se agrava porque el Censo de Población y Vivienda 2020 registró que más de 1.4 millones de personas hablan una lengua indígena, lo que convierte la falta de intérpretes en una barrera de acceso a la justicia.
La investigación abierta contra los policías que realizaron las detenciones representó una prueba para las instituciones locales. Si bien la Fiscalía Anticorrupción indaga posibles irregularidades, las comunidades lacandonas insisten en que no basta con sancionar a los responsables del operativo, sino que se debe garantizar la liberación inmediata de los 20 detenidos.
