Operativos recientes evidenciaron la fuga de internos y la necesidad de inspecciones más estrictas en esos centros
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Tapachula, la atención a personas con adicciones enfrenta un doble desafío, regular los 20 centros de rehabilitación registrados y localizar aquellos que operan sin licencia. Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria VII advirtieron que un número similar de anexos podría funcionar en la clandestinidad, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los pacientes. Según la Secretaría de Salud, el 65 por ciento de los centros revisados cumple con las normativas básicas, mientras que 35 por ciento requiere ajustes urgentes.
El médico Andersi Díaz Soto explicó que cada anexo debe contar con instalaciones adecuadas, personal profesional titulado y un aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud. De lo contrario, los espacios pueden ser clausurados temporal o permanentemente. Datos oficiales revelaron que 12 de los 20 anexos en la actualidad supervisados han recibido sanciones menores por deficiencias en infraestructura o protocolos de higiene.
El control de estos centros se extiende a los 16 municipios del Soconusco, con especial atención a cuatro anexos que aún presentan irregularidades en seguridad y atención médica. La autoridad sanitaria registró que el 40 por ciento de los anexos monitoreados requieren capacitación adicional para cumplir con los protocolos de seguimiento psicológico y social, clave en la rehabilitación de pacientes con adicciones.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Jurisdicción Sanitaria VII clausuraron un centro en Mazatán con alrededor de 100 internos por operar sin licencia. Aunque se difundió la versión de una fuga masiva, las autoridades confirmaron que se trata de rumores, mientras se investiga la responsabilidad de los encargados. Estadísticas locales indicaron que en 2024 se realizaron 15 intervenciones de este tipo en la región, un 20 por ciento más que el año anterior.
La dependencia hizo un llamado a la población para denunciar anexos irregulares. Hasta el momento, solo el 28 por ciento de los reportes ciudadanos han derivado en inspecciones efectivas, lo que evidenció la necesidad de fortalecer la participación social y los mecanismos de fiscalización. Especialistas advirtieron que, sin control adecuado, la clandestinidad en la rehabilitación podría convertirse en un foco de riesgo sanitario y social para la región.
